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Vía ACIDIGITAL, IBLNEWS
El Vaticano presentó las «Líneas guía» que aplica para erradicar los casos de abuso contra menores. El texto fue elaborado con la colaboración de las conferencias episcopales de todo el mundo y buscan responder al llamado del Papa Benedicto XVI a la «curación y la renovación».
El 5 de febrero, de la mano de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), el promotor de justicia de dicho dicasterio, P. Robert Oliver, presentó a la prensa los puntos fundamentales en los que se basa el texto.
Los resultados se presentaron en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la presentación también intervinieron el presidente del Comité Directivo del Centro para la Protección de los Menores (CCP), P. Hans Zollner, y su director, Prof. Hubert Liebhardt.
La iniciativa recorre cuatro temas fundamentales que hacen un exhaustivo recorrido por la asistencia a las víctimas; la protección de los menores y la prevención de los abusos; la formación de los futuros sacerdotes y la sanación mental de estas personas.
Además, el P. Oliver explicó que la colaboración con las autoridades civiles será fundamental para terminar con esta «dolorosa materia». En este aspecto, específicamente se contempla la cooperación con las autoridades civiles y la «obligación» de notificar a estos organismos nacionales de eventuales casos.
Las líneas guía esperan servir como punto de referencia para el resto de instituciones mundiales, así como servir de ayuda pastoral para los obispos del mundo en su trabajo. Ellos son los faros y los constructores principales de las iglesias locales.
Para la redacción de esta nueva herramienta, la congregación para la Doctrina de la Fe envió en mayo de 2011 una carta circular a 112 conferencias episcopales, de las cuales 24 pertenecen a América, 33 a Europa, 19 a Asia y Oceanía, y el resto a África. El objetivo fue sumar experiencias y «buenas prácticas» que aplicar para hacer frente a este problema.
La carta fue enviada bajo el espíritu de la Pastor Bonus, la Constitución Apostólica del Beato Juan Pablo II, y obtuvo un mayor número de respuesta de Sudamérica, Norte América, Oceanía y Europa. El resto de conferencias episcopales siguen en contacto con la CDF para completar el proceso.
Según explicó, desde 2004 se suceden una media de 600 casos al año, de manera que la Congregación también ha dispuesto una «Guía para la comprensión del procedimiento base de la CDF en referencia a acusación de abusos sexuales».
La cooperación en estos casos reconoce la verdad fundamental de que el abuso sexual de menores no es sólo un delito recogido en el derecho canónico, sino que se trata también de un delito perseguido por la mayor parte de las autoridades civiles.
En esta línea, la Iglesia tiene la obligación de cooperar con las exigencias del derecho civil con respecto a la comunicación de dichos delitos a las autoridades competentes, y dicha cooperación abarca también las acusaciones de abusos sexuales por parte de religiosos o laicos que trabajan o son voluntarios en instituciones y programas de la institución.
En este sentido, los miembros de la Iglesia han de evitar cualquier compromiso del fuero interno sacramental, que ha de permanecer inviolable, según se explicó durante las ponencias del simposio celebrado días atrás.
Como conclusión, los responsables explican que este proyecto «va por el buen camino», y recuerdan en el texto que la Iglesia «debe ser fiel a su vocación divina para ponerla al servicio de cada persona humana… La Iglesia está siguiendo este camino que supone un verdadero abrazo que cura y lleva a la verdadera renovación».
Para la elaboración del texto, la CDF también se basó en el mensaje específico a la Iglesia en Irlanda que hizo público a través de una carta publicada el pasado 20 de marzo de 2010.
En julio de ese mismo año, publicó el motu proprio que aporta nuevas normas sobre el tratamiento de los abusos sexuales, titulado «Sacramentorum sanctitatis tutela».
Las nuevas normas prevén procedimientos más rápidos, permiten la inclusión de laicos en el personal de los tribunales, alargan la prescripción de diez a veinte años, y mejoran la protección de los menores y las personas con limitado uso de razón.
Se concluye así un pasó más del Santo Padre en su compromiso con las víctimas y en su búsqueda de la curación y la renovación de la Iglesia
