Alak: «El Poder Judicial arrastra un déficit democrático de origen»

El ministro de Justicia, Julio Alak aseguró hoy que el Poder Judicial «arrastra un déficit democrático de origen» y afirmó que la reforma judicial procura «mejorar la situación de legitimidad pública de la Justicia, como así también su eficacia y los desafíos que tiene que afrontar».

“El Poder Judicial arrastra un déficit democrático de origen» aseguró el ministro, Julio Alak y agregó  ue «no es una descalificación pensar la relación entre voto, democracia y jueces».

En ese marco, explicó que  «consideramos que la Constitución no dice de ninguna manera que está prohibido elegir jueces, abogados y académicos (para el Consejo) por voto popular. Creemos que la elección de jueces, abogados y académicos es un tema de política legislativa y no de interpretación constitucional».

«No es lo mismo que a los jueces y abogados los elijan a través de millones de votos, aunque sean de la oposición, a que se elijan por un sistema corporativo donde votan 700 jueces y 20.000 abogados».

Además, expresó que “hay sectores de la justicia que responden más a sectores económicamente concentrados que a la ley”.

“En la historia de nuestro país, el poder económico siempre trató de impedir la democracia”, sostuvo el funcionario nacional, al tiempo que analizó que como “los sectores populares pueden acceder al control de los poderes ejecutivo y legislativo, el poder económico no se resigna a perder el control del Poder Judicial”.

En ese sentido, manifestó que “este programa que presenta la Presidenta de democratización podríamos llamarlo de libertad de la Justicia, que esté liberada de las influencias de los sectores concentrados que han sido tan salvajemente perniciosos para el pueblo argentino”.

“El proyecto de la Presidenta tiene por finalidad democratizar el único poder no democratizado de la Argentina y mejorar la situación de  legitimidad pública del Poder Judicial, como así también su eficacia y los desafíos que tiene que afrontar», agregó.

Sobre el proyecto referido a la aplicación de medidas cautelares contra el Estado, el titular de la cartera de Justicia aseveró que «no puede ser que una cautelar suspenda una ley de la Nación por uno, dos o tres años», y manifestó que tampoco puede ser «que no haya para el Estado Nacional un código de procedimiento administrativo».

«No hay estado provincial que no tenga un procedimiento administrativo y por eso no hay motivos para que el Estado Nacional no lo tenga», expresó el funcionario y añadió que  hubo dos intentos de avanzar con iniciativas de este tipo en los gobiernos de Juan Domingo Perón y de Raúl Alfonsín «pero no lo pudieron hacer»,

También se refirió al proyecto que  apunta a crear tres nuevas Cámaras de Casación.  «La disminución de expedientes que llegan a la Corte Suprema de Justicia es una necesidad y la respuesta acá y en el mundo ha sido la Casación», postuló

En este marco, planteó que existe coincidencia entre distintos sectores políticos en que «hay una saturación de expedientes» en el Máximo Tribunal, y sostuvo que mientras en Argentina la Corte tramita «entre 13.000 y 20.000 expedientes por año», en Estados Unidos ese supremo resuelve «80 casos”.