Sabbatella: «este fallo busca destrozar el espíritu antimonopólico de la Ley de Medios»

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, afirmó en conferencia de prensa que el fallo de la Cámara Civil y Comercial sobre la Ley de Medios es «tramposo, burdo y grosero» y fue hecho «al servicio de proteger los intereses concentrados del Grupo Clarín». «Destrozaron el espíritu antimonopólico de la Ley de Medios», afirmó. En conferencia de prensa, Sabbatella afirmó: «Como no podían declarar la inconstitucionalidad de la ley, ni de ningún artículo, lo que hicieron fue declarar inconstitucionales los incisos o la parte de los incisos que afectan al Grupo Clarín». En ese sentido, agregó: «A grandes rasgos, según la Cámara, lo que se puede hacer es lo que no afecta a Clarín o afecta poco. Lo que no se puede hacer es lo que afecta los intereses nodales del Grupo Clarín». «No nos sorprende porque no teníamos expectativas en lo que podía definir esta Cámara», señaló el funcionario, y agregó: «Sí genera una sorpresa los grosero, lo burdo de lo que han hecho, porque declararon constitucional lo que no afecta a Clarín y declararon inconstitucionales los límites que sí lo afectan». En ese sentido, el ex intendente de Morón opinó que los jueces «destruyen los objetivos de la ley, que tienen que ver con enfrentar la concentración mediática y las posiciones dominantes como cualquier ley antimonopólica». «La Cámara pone por deltante los intereses económicos por delante del interés general”, dijo a Radio América. Ayer, los jueces Francisco de las Carreras, María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni declararon la constitucionalidad de los artículos 41, que impide la transferencia de licencias y 161, que fija el plazo de desinversión de un año, pero inconstitucionales los incisos de los artículos 45 y 48 que ponen límites a la concentración de licencias de televisión por cable, argumentando que generan “inseguridad económica” para el holding mediático y amenaza su rentabilidad y su “capacidad competitiva”, afectando el “derecho de propiedad”. Además, consideraron que “restringe la libertad de expresión”.