AFIP detecta trabajo esclavo en el monte salteño

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó un predio rural en donde 52 trabajadores, de un total de 54, no estaban registrados. En el lugar se cumplían sus tareas de desmonte con herramientas precarias, sin protección en sus manos ni en sus ojos y no contaban con ningún elemento de seguridad laboral. Además, cumplían jornadas laborales de más de 10 horas y en el predio no contaban con elementos de primeros auxilios ni medicamentos. También, los inspectores descubrieron a un menor de 12 años trabajando, imposibilitado de asistir a un establecimiento educativo y en violación al artículo 148 bis del Código Penal. A su vez, los inspectores de la AFIP constataron que los empleados se encontraban sin recibir pago alguno desde hace 4 a 5 meses. Además, manifestaron que no tienen la posibilidad de regresar por sus propios medios a su lugar de origen porque se encontraban incomunicados, sin movilidad y sin conocer el terreno. Los trabajadores no tenían posibilidad de regresar a sus hogares. Vivían en el monte, en chozas rudimentarias confeccionadas con plásticos y restos de ramas de los árboles. Algunos dormían en camas armadas con palos y otros directamente sobre la tierra. Tampoco tenían agua corriente, ni luz eléctrica, ni sanitarios de ningún tipo con lo cual los trabajadores no podían asearse. Las tareas de desmonte se llevaban a cabo a más de 80 kilómetros de distancia de la primera localidad aledaña. Los trabajadores no podían regresar por sus propios medios a su lugar de origen, ya que fueron llevados desde la localidad de Coronel Sola (Morillo) -ubicada al norte de esa provincia- por el mismo contratista. A su vez, contaron que su empleador se acercaba solamente cada tres días al predio a dejarles alimentos que les resultaban escasos. Además, se los anotaba en una libreta –sin precio- para descontarles luego de sus haberes. A su vez, los inspectores de la AFIP constataron que los empleados se encontraban sin recibir pago alguno desde hace 4 a 5 meses. Además, manifestaron que no tienen la posibilidad de regresar por sus propios medios a su lugar de origen porque se encontraban incomunicados, sin movilidad y sin conocer el terreno. Junto con los trabajadores vivían 16 familiares de ellos entre quienes había mujeres y niños provenientes de pueblos originarios, que residían en esos campos en condiciones de vivienda infrahumanas. De este modo, la AFIP verificó indicadores de la comisión del delito de la trata de personas con fines de explotación laboral, por lo que formuló la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Orán por explotación infantil, reducción a la servidumbre y trata de personas contra los titulares de los predios y del contratista. La denuncia recayó sobre Hernán González y la firma “El Curaca SA”. Hace pocos días fue promulgada la ley 26.847 que reprime con prisión de uno a cuatro años el que se aproveche económicamente del trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave. La AFIP que el primer organismo en realizar una denuncia teniendo en cuenta la nueva legislación. Asimismo, la AFIP estimó una evasión y multas a los Recursos de la Seguridad Social de aproximadamente 360.000 pesos.