El proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura quedó a un paso de convertirse en ley, luego de haber recibido hoy dictamen favorable de mayoría en un plenario de tres comisiones del Senado. El oficialismo consiguió firmar dictamen esta tarde para la iniciativa que fue modificada días atrás en la Cámara de Diputados y que aspira a convertir en ley la semana próxima, para lo que necesita 37 votos, es decir la mitad más uno del total de senadores de la cámara. Tras dos horas de debate, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, el kirchnerismo consiguió darle firma a la iniciativa que amplía el número de miembros del Consejo y la elección por voto de la ciudadanía de tres jueces, seis académicos y tres letrados, integrantes de ese cuerpo. El jefe del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Angel Pichetto, aseguró hoy que la democratización de la justicia servirá para «terminar con la fragmentación y con el armado de partidos políticos como si fueran quioscos». Pichetto defendió el aspecto del proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura y establece que los nuevos consejeros serán elegidos en aquellas boletas de frentes electorales que tengan presencia en 18 de los 24 distritos del país. El debate en comisión se inició pasadas las 15 en el Salón Azul del Senado, donde el oficialismo emitió dictamen tras dos horas de deliberación, con la mirada puesta en la sesión de la semana próxima, en la que aspira a convertir en ley la iniciativa. De acuerdo con los cambios realizados por la Cámara de Diputados al proyecto original, se mantiene en la órbita de la Corte Suprema la administración de los recursos de la Justicia, la facultad de superintendencia y el control sobre el personal. «Los partidos provinciales tienen que adherir a partidos nacionales; de ninguna manera es restrictivo, tiende a afianzar, pero esta es una elección de carácter nacional y los partidos nacionales serán los colectivos que llevarán a los otros», argumentó. De esta forma, el senador kirchnerista reivindicó la iniciativa ante los bloques opositores, que consideraron «proscriptiva» la norma y aseguró que el proyecto «es la única herramienta posible para terminar con la fragmentación y el armado de partidos como si fueran quioscos». «Lo más grave de lo modificado en Diputados es la cuestión electoral porque afecta el juego de alianzas por la particularidad que tiene cada uno de los distritos; esto va en contra de la democratización del Consejo», opinó, en cambio, la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero. En sintonía, la legisladora puntana Liliana Negre de Alonso también criticó la propuesta y advirtió que sólo el PJ, la UCR, el socialismo y el PRO, «y no lo partidos pequeños», estarían en condiciones de hacer las alianzas necesarias para presentar candidatos al Consejo, de acuerdo con lo estipulado en la ley. Desde el socialismo, Rubén Giustiniani ironizó con el hecho de que «en un año electoral se agrega el consejero electoral» y, como ejemplo, mencionó que el Frente Amplio Progresista (FAP) en Santa Fe no podrá competir con consejeros porque tiene distinta denominación. «El único frente que puede cumplir con el requisito de tener personería en 18 de los 24 distritos es el Frente para la Victoria», apuntó el radical Gerardo Morales, en línea con lo expuesto por Giustiniani, quien había reseñado que en el 2011 el frente kirchnerista tuvo presencia en 21 de los 24 distritos. Por su parte, el oficialista Aníbal Fernández destacó que la propuesta permite que las elecciones «no sean un festival de discusiones políticas sin sentido», como ocurrió en el 2001 con 648 partidos políticos inscriptos. «Las modificaciones son atinentes; no estamos perjudicando a nadie en que haya cinco o seis alianzas que puedan competir y que sean los que realmente encarnan la voluntad popular», expresó. Además, apenas finalizó el debate sobre el Consejo, se conformó otro plenario en el Salón Azul, donde el ofici
Dictamen en el Senado para el proyecto de reforma judicial
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