El Gobierno reiteró su profundo malestar que ha producido la relatora por su clara parcialidad de la ONU por el plan para «democratizar» la Justicia

El Ejecutivo central reiteró este miércoles el «profundo malestar que ha producido la relatora por su clara parcialidad», al criticar la iniciativa, y defendió la propuesta, que busca, de acuerdo con la administración que lidera Cristina Kirchner,»democratizar» la Justicia. «La reforma legislativa que se impulsa al amparo de la democratización del servicio de administración de justicia, se enmarca en el programa que prevé nuestra Constitución Nacional», resaltó el Gobierno, en un documento de 13 páginas enviado a la ONU, en respuesta al «llamamiento urgente» que realizó por nota la brasileña Knaul, la semana pasada, sobre la independencia de los magistrados y abogados en el país. En el texto, que lleva la firma del embajador Alberto Pedro D’Alotto, Representante Permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, y divulgado aquí por la Cancillería nacional, el Gobierno subrayó que «los mecanismos establecidos constitucionalmente para la elección de los magistrados hoy vigentes no se modifican en absoluto». «Por el contrario, con la reforma propiciada, se fortalecen y consolidan las condiciones para la elección de los jueces en base al mérito y la idoneidad, al establecer la garantía de igualdad de trato y no discriminación entre los candidatos procedentes del ámbito judicial, y aquellos que provienen de otros ámbitos como el académico, el ejercicio liberal de la profesión o el ejercicio en otros ámbitos públicos o de organismos no gubernamentales, entre otros», enfatizó. «Asimismo se transparentará la conformación de los jurados, quienes serán elegidos de una lista conformada por profesores regulares designados por concurso en universidades públicas nacionales, de la cual se determinará el jurado en cada caso por sorteo público», sostuvo la misiva. El Gobierno insistió en que «la reforma apunta a modificar la composición del Consejo de la Magistratura, que es un órgano del Poder Judicial Nacional y el mecanismo de selección de sus miembros, dotándolo de una legitimidad democrática de origen que en la actualidad resulta todavía deficitaria». Un comunicado de prensa divulgado este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sostuvo que «tal como lo anticipó el día martes, la República Argentina cooperará una vez más con la Naciones Unidas como lo ha hecho siempre que se le ha requerido información sobre distintos temas que hacen a la vida institucional del país». «El viernes pasado, a menos de una hora de haber recibido el petitorio, se respondió oficialmente que el mismo será contestado a la brevedad posible. Hoy, 1 de mayo, hemos enviado la información solicitada», agregó. «Habiendo cumplido con nuestras obligaciones como miembros del organismo internacional es importante reiterar el profundo malestar que ha producido la relatora (Knaul) por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina», enfatizó el Gobierno. Esta semana, el Ejecutivo nacional protagonizó un duro contrapunto con la brasileña, a la que acusó de «falta de imparcialidad, mesura y equilibrio», luego de que cuestionara dos de las seis leyes de la reforma judicial impulsada por la Casa Rosada y debatida por estos días en el Congreso. Knaul exhortó este martes al gobierno de Cristina Kirchner a que reconsiderara las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, aprobadas la semana pasada en una agitada sesión en la Cámara de Diputados. Mientras que la ley sobre las cautelares ya se encuentra en vigencia a partir de la promulgación de parte de la presidenta Cristina Kirchner, la del Consejo de la Magistratura debe ser ratificada por el Senado el próximo miércoles 8 de mayo, luego de que se le introdujeran modificaciones.