Satisfacción en la Corte por los cambios, pero también preocupación

El avance del oficialismo en el Congreso con la sanción de las leyes que integran la reforma judicial dejó en la Corte Suprema interpretaciones encontradas. Hay satisfacción por los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados y porque, según ellos entienden, quedó en claro que no hubo un «pacto espurio» como había denunciado Elisa Carrió. Sin embargo, todavía prevalecen algunas preocupaciones vinculadas con el manejo de los fondos, con el funcionamiento de la Escuela Judicial y con la pérdida de facultades de las cámaras de apelaciones para nombrar subrogantes. Los ministros de la Corte coincidían en dejar trascender su satisfacción por el éxito de la gestión realizada por el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, ante la presidenta Cristina Kirchner para conservar el manejo administrativo del Poder Judicial. En este sentido resaltan las notas que recibieron de la mayoría de las cámaras federales de todo el país, en las que reafirmaron su respaldo a la Corte Suprema por su defensa de la independencia judicial y el rol que cumple como cabeza del Poder Judicial. Esas notas eran la señal que los jueces supremos necesitaban frente a algunas dudas que habían surgido entre algunos jueces y la denuncia de Carrió sobre un supuesto pacto Corte-Gobierno. «Fueron cambios positivos», aseguran en la Corte, a la vez que negaban que esa concesión hubiese sido el resultado del pacto denunciado por la legisladora en un plenario de comisiones en Diputados. «Un pacto es algo espurio, y no ocurrió nada de eso. Carrió estuvo mal informada. Se preservó la independencia», afirman en la Corte. En medio de esa controversia, el jueves último, el periodista Joaquín Morales Solá también reveló en LA NACION que si el Gobierno no accedía a los cambios solicitados, la mayoría de los ministros de la Corte estaba dispuesta a renunciar. Esa decisión hubiese tenido un fuerte impacto institucional. En los hechos, la Presidenta accedió al planteo y no hubo renuncia alguna. Pero, anteayer, en la Corte gustaban de resaltar aquel episodio. «La Corte debía conservar las facultades de superintendencia del Poder Judicial, porque de otra manera quedaría vacía y no podría desarrollar las políticas de Estado que viene ejecutando desde hace años. Eso no lo íbamos a tolerar. Mientras yo esté aquí, eso no va a pasar, y si pasa, me voy», se le atribuye haber dicho a uno de los más encumbrados jueces de la Corte. De todas maneras, el paquete de la reforma judicial sigue generando, entre los jueces supremos, varios temores y preocupaciones. El primero es que la Escuela Judicial, por cuyas aulas transitan los jueces y funcionarios judiciales y que actualmente es conducida por el ministro Juan Carlos Maqueda, perderá peso frente a los cursos que organice el Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo. Esto podría abrir la sospecha de cierto tono político o ideológico en la instrucción impartida. En segundo lugar, la reforma establece que las cámaras de apelaciones pierden la facultad de nombrar jueces subrogantes, atribución que ahora quedará exclusivamente en manos del Gobierno. El Ejecutivo tiene frescos los traspiés que sufrió en los últimos meses con la Cámara Civil y Comercial Federal, a raíz del caso sobre la ley de medios, y quiere evitarse que jueces independientes le hagan pasar un momento amargo. Y existe también una creciente preocupación por el hecho de que el texto que acaba de remitir Diputados al Senado plantea a la Corte un nuevo desafío: la posibilidad de que el manejo de los excedentes presupuestarios del Poder Judicial quede en manos del Ministerio de Economía. En la Corte observan con preocupación que mientras que el texto original del proyecto preservaba la autarquía presupuestaria -el manejo por la Justicia de sus propios recursos-, en la versión que está ingresando en el Senado esa autonomía financiera aparece amenazada por las atribuciones que se reserva el Poder Ejecutivo, incluso en cuanto a la posibilidad de canjear los excedentes con bonos.

Cerca de Lorenzetti explican que la Corte no podría pronunciarse en abstracto sobre esa nueva cuestión, pero sí lo podría hacer en cuanto el Ministerio de Economía obstaculice el manejo de aquel excedente de 5000 millones o pretenda canjear parte del dinero por títulos públicos.

El manejo de los fondos sigue siendo un tema espinoso para sectores cercanos al kirchnerismo. La agrupación Justicia Legítima emitió un comunicado en el que señala que seguirán trabajando para que el manejo de los recursos pase al Consejo de la Magistratura

fuente > lanacion.com.ar