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El operativo es realizado en las oficinas del club de la Rivera por la Policía Federal y se suma a la larga lista de fiscalizaciones efectuadas para la causa. También se hicieron operativos en Chacarita ya que el juez investiga irregularidades en la transferencia de Gustavo Colman y Víctor Figueroa
Por orden del Juez Norberto Oyarbide, la Policía Federal realiza un procedimiento en Brandsen 805, dirección postal del estadio de Boca Juniors, donde también están ubicadas las oficinas del club.
Se analiza una red de lavado de dinero vinculada a los negocios del fútbol.
La causa ya tiene diez detenidos que fueron indagados por el juez, entre ellos dos funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que están acusados de integrar una asociación ilícita con epicentro en la financiera Alhec. El caso tuvo repercusión en Uruguay, donde funcionaba una subsidiaria de la financiera.
Fuentes judiciales revelaron que Oyarbide buscaba documentación sobre las transferencias de por lo menos dos futbolistas, Gustavo Colman y Víctor Figueroa, quienes en 2006 fueron cedidos a préstamo a KFC Germinal Beerschot Antwerpen, de Bélgica, y finalmente terminaron recalando el primero en Turquía y el segundo en Arabia Saudita.
El allanamiento es uno más de los casi 200 que dispuso el magistrado desde que inició la investigación, como desprendimiento del expediente sobre pasaportes de la comunidad europea apócrifos para que futbolistas argentinos pudieran obtener la doble nacionalidad y no ocupar plaza de extranjeros.
El juez investiga una compleja trama de sociedades financieras, empresarios y dirigentes de clubes presuntamente destinada a «convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado sumas de dinero con habitualidad mediante transferencias bancarias desde y hacia la cuenta de la empresa Alhec o cuentas vinculadas».
Oyarbide sospecha que en esa maniobra pudo haber intervenido el empresario Carlos Rivera, actualmente detenido, como nexo en la transferencia de dinero que «provendría de la presunta defraudación a los clubes».
También busca determinar cuáles eran las actividades de Alhec, una empresa con sucursales en Uruguay y Chile, pues en el allanamiento a la casa de Rivera, en un barrio privado del sur de la provincia de Buenos Aires, halló movimientos bancarios que parecen indicar que existía una suerte de mesa de dinero.
De esa documentación surge que «Javier Cantero», presuntamente el presidente de Independiente, tiene un «saldo deudor» de 123.312 pesos, y también figura con tres registros deudores el «Cliente C.A.I.», supuestamente el club de Avellaneda, por montos de 7.638.428, 229.624,25 y 1.431.796,20 pesos, «sumas todas estas sospechadas de ilicitud».
La documentación a la que tuvo acceso DyN describe las «modalidades utilizadas para el lavado de activos», que básicamente consiste en la utilización de empresas con sede en Panamá, Uruguay, Chile y «cuentas bancarias pertenecientes a distintos bancos», entre ellos «Bank of América de Estados Unidos, Banca Grupo Valartis, de Suiza; Banco Santander, de Hong Kong; City Bank, de Nueva York, y Banca Etmond Lugano, de Suiza, entre otras».
El juez describió como «conductas presuntamente ilícitas» a «la defraudación a los clubes de fútbol, toda vez que diversas sumas de dinero que deberían haber ingresado a las arcas de dichos clubes habrían sido desviadas de su origen e ingresadas en las cuentas de los jugadores, sus representantes, los dirigentes de los clubes o empresas creadas a tal fin».
Además, sospecha de «los fondos obtenidos a partir de la evasión de impuestos generados a partir de las transferencias realizadas en los pases de los jugadores».
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