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El diputado nacional del PRO Federico Pinedo (en la foto) presentó este jueves una denuncia penal contra el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, para que se investigue si está ejerciendo presiones, a través de posibles seguimientos del organismo, contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Pinedo dijo que «el poder democrático no puede ser utilizado con fines políticos o privados», y recordó que «desde el año pasado hemos denunciado varios casos donde el Gobierno ha utilizado su poder para intimidar».
«Hay que poner un límite; el kirchnerismo tiene que entender que no puede utilizar el Estado para destruir el sistema democrático que tanto nos costó tener ni tampoco para atacar los derechos de la gente», sostuvo.
Tras anunciar que hoy elevará la denuncia contra Echegaray en la Justicia federal, dijo que «no me gusta la política de denuncias pero tampoco podemos mirar para un costado cuando el Gobierno está atacando a nuestras instituciones».
En tanto, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi señaló que la supuesta investigación a Lorenzetti -desmentida ayer por la AFIP- son «síntomas de una escalada contra la Justicia».
«El cristinismo no se maneja solamente por los enojos presidenciales sino que además desarrolla estrategias de mediano plazo cuando elige enemigos internos. Hoy el enemigo es la Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general, por haberse negado a cumplir la voluntad del Gobierno», consideró.
Añadió que «estos ataques podrían derivar en un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Este concepto, aunque en general es utilizado para definir ataques contra el Poder Ejecutivo, también se aplica al Legislativo y al Judicial porque los tres son poderes estatales».
Fargosi instó a «mantenernos cada vez más firmes en defensa de la independencia de la Justicia, la única garantía de la gente frente a gobiernos que creen que son los dueños del país».
En tanto, el diputado nacional Omar De Marchi (Partido Demócrata-Mendoza) denunció que «el kirchnerismo busca el control absoluto del Estado sin medir consecuencias, por eso no acepta el fallo de la Corte y ahora utiliza esta burda maniobra para castigar y presionar a sus miembros».
«Este Gobierno pretende reemplazar la convivencia democrática constitucional por un aparato propagandístico y de intimidación al servicio de los intereses de quien manda», afirmó.
