España: las reformas en salud dejan sin cobertura a 873.000 inmigrantes

El director de AI España, Esteban Beltrán, consideró, en una rueda de prensa en Palma de Mallorca, capital de Islas Baleares, España, a esta medida como «regresiva» y «discriminatoria», y pidió que se modifique el Real Decreto-Ley aprobado el 1º de septiembre del año pasado, en el que de acuerdo a AI, se «limita» el derecho a la salud de las personas inmigrantes, que tienen que pagar para recibir asistencia sanitaria. La organización advierte de que la crisis económica no debería ser una excusa para recortar hasta el punto de «menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención sanitaria». Por eso, Beltrán pidió un informe sobre el «ahorro» que se habría conseguido hasta ahora. No obstante, el problema básico para Beltrán, es que la Constitución Española no recoge los derechos a salud y vivienda como derechos fundamentales, de tal manera que son más susceptibles de ser modificados. Así, afirma que muchas personas quedan desprotegidas ante la ley y opina que deberían convertirse en derechos fundamentales. Para denunciar la incidencia de estas medidas, que AI considera una violación a los derechos humanos, la organización elaboró un informe llamado «El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares», que fue presentado hoy en rueda de prensa. En ella, el autor del informe, Ignacio Jovtis, manifestó que sólo en el archipiélago, se retiraron 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear. Por otra parte, explicó los motivos que el informe es producto del creciente número de denuncias por parte de inmigrantes que alegan que se les «obstaculizó» o incluso «impidió» acceder a la sistema de salud y van hasta la «identificación y documentación» de casos de personas a las que se les denegó la atención médica hasta diez meses antes de la entrada en vigor del decreto. Jovtis también aseguró haber documentado casos de inmigrantes que, por «desinformación», no recibieron un servicio al que por norma sí que tienen derecho, a parte de todos aquellos casos «invisibles» de personas sin papeles que renuncian a acudir al médico por miedo a que «los detengan» o porque no tienen cómo pagar el servicio y no llegan a AI, según despacho de Europa Press. Por todo esto, el autor del informe pidió que las autoridades tomen medidas y que se informe con exactitud al personal de sanidad para que se eliminen las «irregularidades» que puedan «crear más exclusión».