Congelan cuentas bancarias de dos represores fugados y fideicomiso de uno de ellos

El Gobierno nacional pidió que se congelen cuentas bancarias de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, al tiempo que se investiga un fideicomiso vinculado a uno de los prófugos. Según anunciaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y Agustín Rossi, el Gobierno también instó a que la AFIP informe sobre el estado financiero de ambos exmilitares. Rossi no descartó que el fideicomiso detectado haya permitido «financiar alguna estructura de estas características que permita una fuga de esta manera». El funcionario destacó que cuando el represor Olivera estaba «cumpliendo prisión, el fideicomiso cambia de titularidad, aparece una tercera titularidad controlante del mismo» y señaló que eso «llama la astención». Rossi y Alak destacaron en conferencia de prensa que los CUIT vinculados a los represores fugados así como a las sociedades de las que participan «han quedado inmovilizados», como parte de una «acción que tomó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, bloqueando las cuentas que corresponden». Puntualmente, los funcionarios expresaron sospechas de que un fideicomiso armado por Olivera, uno de los dos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron la semana pasada del Hospital Militar, financia a otros represores prófugos. Los ministros confirmaron que el Gobierno se presentará en la Justicia Federal para ampliar la denuncia que el viernes pasado radicó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que se investigue la maniobra que permitió la fuga de Olivera y de Gustavo De Marchi, condenados a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los funcionarios confirmaron que en la actualidad son sesenta los represores que se encuentran prófugos de la Justicia. Alak advirtió que «a nadie escapa que una persona no puede permanecer más de dos días evadida sin apoyo financiero». Rossi señaló que la «Dirección de Asuntos Jurídicos» de su cartera encontró un expediente por el cual Olivera» actuaba como abogado «representando a otros, a trerceros y accionaban contra el Ministerio de Defensa». «A partir de esa presentación en todo lo que significó el proceso acompañando documentos dentro de este expendiente y figuraba la constitución de estos fideicomisos», puntualizó Rossi. Según el ministro, Olivera transfería sus «honorarios a ese fideicomiso». El funcionario no descartó que esa estructura financiera haya sido utilizada para dar apoyo y cobertura a represores prófugos de la Justicia.