Congelaron fideicomisos pertenecientes al represor prófugo Olivera

Julio Alak y Rossi realizaron ese anuncio en una conferencia de prensa en el Edificio Libertador, acompañados por el titular de la UIF, José Sbatella. El congelamiento de los fideicomisos de Olivera se suma a otras que el Poder Ejecutivo ha dispuesto desde el jueves pasado, cuando Olivera se fugó del Hospital Militar junto al otro represor condenado Gustavo De Marchi, que también permanece prófugo, tendientes a impedir que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Además, Alak y Rossi informaron que también se suspendieron los CUIL y CUIT de Olivera y De Marchi y que se ampliará la denuncia para determinar responsabilidades en la fuga. Olivera y De Marchi, condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, escaparon el jueves pasado del Hospital Militar Cosme Argerich, de la Capital Federal, a donde habían sido trasladados desde la provincia cuyana, previa autorización del Juzgado Federal, debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico. Agustín Rossi explicó que el Ministerio de Defensa tomó conocimiento de la existencia del fideicomiso financiero SJ2 durante una investigación interna iniciada a partir de que Olivera representó como abogado a varios militares por demandas salariales. El ministro señaló que Olivera tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos, quienes «no solo actuaron en muchas oportunidades defendiendo a condenados por delitos de lesa humanidad, como por ejemplo a (Guillermo) Suarez Mason, sino que también actuaban contra el ministerio de Defensa en reclamos del personal militar por actualización de haberes”. Rossi explicó que en el marco de la revisión de uno de esos juicios fue que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera y Appiani tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en esos juicios y que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo de esos fondos. «Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de honorarios ya regulados o pacto de cuota litis», precisó Rossi en referencia a los datos descubiertos durante la investigación interna. Pero ese fideicomiso fue cambiando de nombres durante los últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los registros de la cartera de Defensa. «CAmbio de titularidad a una SRL», precisó Rossi. Los funcionario señalaron que dado que estos fondos serían los que podrían estar financiando al prófugo Olivera, la Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelarlos, basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de «financiamiento para terrorismo», que en este caso sería Terrorismo de Estado, explicó el titular de la UIF, José Sbatella. Además recordó que ayer, la UIF había dispuesto el «congelamiento administrativo» de los bienes de ambos prófugos. El objetivo es, según señaló Sbatella, «paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos». En el mismo sentido, a pedido del Poder Ejecutivo, la AFIP suspendió los CUIL y CUIT de ambos prófugos. Por su parte, Alak adelantó que hoy mismo se ampliará la denuncia ante la Justicia para que se investigue el contexto de la fuga. «Se hará hoy una nueva presentación ampliatoria ante la Justicia, para determinar las responsabilidades que tuvieron en la fuga el juzgado que autorizó el traslado de los detenidos para su asistencia médica, el Servicio Penitenciario que realizó el traslado y las personas que se desempeñan en el Hospital Militar Cosme Argerich, que es de donde se fugaron los detenidos», precisó el ministro Julio Alak.