Hay 69 represores prófugos, entre ellos la esposa de Olivera

El gobierno nacional reconoció hoy que hay 62 represores prófugos y dispuso congelar las cuentas bancarias de los últimos dos condenados que se fugaron del Hospital Militar la semana pasada, sobre los cuales no se tienen noticias pese a la recompensa millonaria que se ofrece para encontrarlos. Incluso, el gobierno sospecha que existe un fideicomiso que financió la fuga de los ex militares Gustavo De Marchi y Jorge Antonio Olivera, cuya esposa, una psicóloga del hospital Militar, tampoco volvió a ser vista desde el día de la evasión. Estos datos surgieron en una conferencia de prensa que brindaron en forma conjunta el ministro de Justicia, Julio Alak; su par de Defensa, Agustín Rossi; y el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, para anunciar que la UIF y la AFIP congelaron cuentas y tarjetas bancarias, códigos tributarios y bienes de Olivera y De Marchi. Esa disposición se extendió a dos fondos fiduciarios, «SJ1» y «SJ2», que Olivera, también abogado con matrícula de ejercicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poseía con su ex socio y ex auditor militar Jorge Humberto Appiani, también procesado con prisión preventiva en la provincia de Entre Ríos. «Era una acción absolutamente legal porque eran dos abogados que representaban a alguien que litigaba contra el ministerio de Defensa y en el uso de su derecho habían decidido transferir sus honorarios a un fideicomiso», reconoció Rossi. Pero informó que el fideicomiso «cambio de nombres y titulares y a nosotros nos parece una situación anómala». Alak agregó que instruyó al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que «amplíe la denuncia» penal por la fuga de Olivera y De Marchi, y reconoció que la Justicia podrá investigar si hubo «responsabilidad de efectivos del SPF» en la fuga. En cuanto a la cantidad de prófugos, Alak admitió que «hay prófugos que hace mucho tiempo están en esa situación y acusados de delitos de violaciones a los derechos humanos», mientras Sbatella precisó que Olivera y De Marchi «se suman a otros 60» que consiguieron eludir a la Justicia. En ese sentido, Sbatella reconoció que la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, psicóloga del Hospital Militar, «está sin destino porque no se la encuentra en ningún lado». El jueves pasado se fugaron del Hospital Militar los ex oficiales De Marchi y Olivera, recientemente condenados a penas de 25 años de prisión y perpetua por secuestros, torturas y homicidios perpetrados en el regimiento sanjuanino de Infantería de Montaña 22. Los habían trasladado desde la cárcel de San Juan hasta el penal de Marcos Paz, en una decisión firmada por un juez subrogante de San Juan, con la excusa de someter a esos represores a exámenes por patologías que ponían en riesgo sus vidas. Fue por eso que Hortel reclamó a la Justicia que se investigue a los penitenciarios, personal médico y funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento, bajo la sospecha de haber sido cómplices de la fuga. Mientras tanto, no hay rastros de Olivera ni de De Marchi, pese a que hay 4 millones de pesos de recompensa para quien ofrezca datos ciertos sobre sus paraderos.