Suspenden el artículo que permitía al Gobierno intervenir en empresas

El 70% de la gente considera que el objetivo del Gobierno con la ley de medios audiovisuales es “controlar a los medios”; mientras que sólo dos de cada diez personas creen que busca “democratizar los medios” con dicha normativa, según dos encuestas de Hugo Haime & Asociados y Management & Fit. En la última, de la consultora dirigida por Mariel Fornoni, ante la pregunta de “¿cuál cree usted que es el principal objetivo del Gobierno con la implementación de la ley de medios?”, el 67,1% respondió este mes que es “controlar los medios”; el 23,4% dijo que es “democratizar los medios”, y el 9,5% restante no respondió. “Proporcionalmente más mujeres y mayores de 50 años dicen que el objetivo es controlar a los medios”, señala el informe de Management & Fit. La consultora Hugo Haime & Asociados hizo otra encuesta, en el mes de abril, y relevó porcentajes similares. El 69% respondió que el objetivo del Gobierno era controlar los medios, el 22% dijo que era democratizarlos y el 9% no respondió. La opinión de la gente seguramente se debe a que el Gobierno impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para avanzar sobre los medios que no controla, y en particular desguazar al Grupo Clarín, objetivo que no pudo cumplir porque al principio la Justicia suspendió la aplicación de parte de algunos de sus artículos, mediante medidas cautelares; y luego la Cámara Federal los consideró inconstitucionales. Ahora, están bajo estudio de la Corte. La historia de esta ley se remonta a principios de 2009, cuando el Gobierno perdió el conflicto con el campo y la Presidenta acusó al Grupo Clarín de haber brindado una información sesgada en contra del Gobierno. Por eso, Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley de medios el 27 de agosto de 2009, luego de perder las elecciones parlamentarias, y logró que se sancionara en un trámite exprés, dos meses antes de que el kirchnerismo perdiera su mayoría parlamentaria. Una vez que el Gobierno obtuvo la sanción, se creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en reemplazo del Comfer. Pero el Gobierno designó allí a funcionarios kirchneristas y comenzó a hacer una aplicación selectiva de la normativa, con casos insólitos como aprobar la compra de los medios del Grupo Hadad, por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López, como si fuese parte de la adecuación de Hadad a la nueva ley; o desconocer la titularidad extranjera de algunos medios. La ley de medios es una de las herramientas que creó el Gobierno para colonizar los medios y debilitar a los grupos independientes. La normativa apunta contra los multimedios, tratando de fragmentar a los privados, para hacerlos inviables y favorecer la concentración de medios estatales y paraoficiales. Por ejemplo, restringe a 24 las localidades donde puede dar servicio un operador de TV por cable, como Cablevisión -y su servicio de Internet, que va por la misma red-, mientras que la TV satelital de DirecTV y la telefonía e Internet de las telefónicas pueden cubrir las 2.200 localidades del país. Además, al no permitir que un mismo grupo pueda tener cable y TV abierta en la misma localidad, busca cambiar el esquema que regía antes y desmembrar a los grupos que más programación local producen, a los que se les permite tener una sola señal audiovisual. La propiedad conjunta de televisión abierta y sistema de cable es común en el resto del mundo, con casos como Fox y DirecTV en Estados Unidos, Globo y Net en Brasil, Televisa y Cablevisión en México, y Cuatro y Sogecable en España. De aplicarse la normativa tal como fue sancionada, Clarín tendría probablemente que desprenderse de Canal 13, parte de Cablevisión y varias señales audiovisuales, comprometiendo su viabilidad financiera y restringiendo la libertad de expresión y de prensa, no sólo de Clarín, sino de toda la sociedad, que dejaría de tener, por ejemplo, un canal de televisión abierta crítico de la gestión oficial. Fuente: http://www.clarin.com/politica