La Justicia avaló una suba en la tarifa del subte

El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Pablo Mántaras levantó la medida cautelar que tenía suspendido el aumento de la tarifa del subte a 3,50 pesos, que había dispuesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, el magistrado le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que cree una tarifa social del subte con un valor diferencial para los sectores de vulnerabilidad social, informaron hoy a DyN fuentes judiciales. Mántaras levantó la cautelar que tenía frenada la resolución 1798/SBASE/13 a través de la cual se fijó el nuevo cuadro de tarifas a 3,50 pesos para el subte, lo que ahora podrá ser aplicado por el gobierno de Macri. El aumento había sido objetado en la Justicia por el legislador porteño Alejandro Bodart y en marzo pasado el juez Mántaras lo había suspendido con una medida cautelar. El boleto de subte hoy es de 2,50 pesos, tarifa que implementó el gobierno porteño cuando asumió la administración del servicio, valor que antes se ubicaba en 1,10 pesos. En su resolución, el magistrado ordenó al Ejecutivo porteño «incorporar –al sistema de abonos y pases especiales actualmente vigente– una tarifa o ticket social, o cualquier otra medida equivalente que establezca un valor diferencial para el valor del ticket de viaje del servicio SUBTE y Premetro, que asegure su accesibilidad para los sectores de alta vulnerabilidad social». La tarifa social, dispuso la Justicia, será para quienes tengan planes sociales administrados por el gobierno porteño o el Plan Jefes y Jefas de Hogar del gobierno nacional. Asimismo, debe ser destinado a personas en situación de desempleo crónico o recurrente, quienes tengan ingresos familiares por debajo de la canasta familiar que publica el INDEC y quienes se encuentren en situación de indigencia. También serán beneficiados quienes tengan subsidio por la tragedia de Cromañón, los ex combatientes de Malvinas y todos los grupos identificados por las leyes porteñas como con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social. La Justicia le indicó al gobierno porteño que en 20 días deberá presentar el cuadro tarifario para los sectores vulnerables y el informe deberá incluir cómo será su aplicación.