Elisa Carrio y Fernando “Pino” Solanas, por un lado, y el Frente Amplio Progresista por otro pidieron que se declare inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Estas medidas se suman a las de la Unión Cívica Radical, la del Colegio de Abogados y la de la Asociación de Magistrados, entre otras.
La ley 26.855, sancionada el 8 de mayo, dispone la ampliación del número de miembros del organismo y establece que los representantes de abogados, jueces y académicos sean electos por voto popular. Este lunes, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, presentó dos recursos de amparo para exigir una medida cautelar que frene la aplicación de la norma. Además, el titular de la UCR, Mario Barletta, utilizó el mismo recurso ante la jueza con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría, quien había recibido unos ocho pedidos en contra de la reforma de la Magistratura.
Carrió y Solanas, que anunciaron su alianza para las elecciones legislativas de octubre, manifestaron que se encontraron “legitimados para interponer esta acción de amparo colectivo en beneficio de todo el grupo de ciudadanos electores”. En tanto, Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, expresó que la inconstitucionalidad de la medida “se va a resolver muy rápido” porque “es una cuestión de puro derecho y no requiere otra prueba que leer la Constitución”. La Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el FAP también se unieron a los pedidos de inconstitucionalidad de la norma. En último lugar, el abogado Ricardo Monner Sans exigió la misma medida directamente a la Corte Suprema de Justicia.
Ya se presentaron al menos 16 amparos contra la reforma de la Magistratura
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