Diputados buscará convertir en ley proyecto para proteger acciones del Estado de empresas privadas

La Cámara de Diputados convertiría en ley el próximo miércoles, en una sesión especial impulsada por el oficialismo, el proyecto que apunta a garantizar que no se puedan vender en el futuro las acciones que posee el Estado de empresas privadas sin el consenso de los dos tercios de los votos de ambos cuerpos del Parlamento. La bancada del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, tiene asegurado junto a sus históricos aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino, la emisión del dictamen y la aprobación de esta iniciativa enviada. Estas acciones son administradas por la ANSES dado que se trata de los títulos que quedaron en manos en la entidad previsional luego de que estatizara el sistema privado de jubilaciones (AFJP), que fue creado en la década del 90. Bajo el argumento de evitar el desguace de estos títulos y una venta perjudicial para el Estado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto al Congreso -que ya fue votado el miércoles pasado por el Senado- que declara de interés público la protección de las acciones que el Estado tiene en las empresas privadas. De acuerdo a esta iniciativa que es rechazada por las agrupaciones que conforman la alianza electoral «Cambiemos» integrada por el radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica estas acciones solo se podrán vender con el voto positivo de dos tercios de los legisladores. Para lograr su objetivo de convertir en ley esta iniciativa, la bancada del FPV impulsa la realización de un plenario de comisiones el lunes, de manera de emitir el dictamen correspondiente y luego debatirlo en el miércoles en una sesión especial. De acuerdo al esquema diseñado por el oficialismo, el lunes a las 15 se reunirán las comisiones de Presupuesto y Previsión Social, que conducen Roberto Feletti y Juan Carlos Díaz Roig, analizarán el contenido del proyecto votado por el Senado y pasarán a la firma el respectivo dictamen. La iniciativa enviada por el gobierno nacional busca proteger las acciones que tiene el Estado en esas empresas, y prohíbe la transferencia al sector privado sin la autorización del Congreso por los votos de los dos tercios de sus miembros. En sus fundamentos, la propuesta sostiene la necesidad de «promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional o al FGS, para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias». También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto. Además, el proyecto apunta a «contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria» a través del FGS o del Ministerio de Economía. Este nuevo organismo se conformará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado. El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de la Anses, dos directores designados por el PEN (uno será el Ministro de Economía y el otro el Ministro de Industria), dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría. Además, crea un consejo consultivo como asesor del Directorio que estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, un integrante de la Anses y uno de la CGT.