En un fallo sin precedentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueron condenados tras haber protagonizado un corte de tránsito en la Avenida Uruguay en junio del año pasado, en respuesta a la demanda de mejoras salariales. Pese a aceptar una propuesta de probation, ambos optaron por rechazarla justo antes de que empezara el juicio.

El contexto de la protesta

Durante la manifestación, los docentes establecieron un acampe que paralizó el tráfico en una importante arteria de Posadas, generando frustración entre los comerciantes locales, quienes se quejaron por la reducción en sus ventas debido al bloqueo.

Sentencias impuestas

La jueza Correccional y de Menores Marcela Leiva dictó una pena de 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses para Sánchez, además de la obligación de realizar tareas comunitarias. Esta decisión generó un gran revuelo, dado que esta es la primera vez que se aplican sanciones penales en un conflicto social tan relevante.

Los argumentos del juicio

La fiscal María Laura Álvarez argumentó que el proceso no perseguía criminalizar la protesta, sino sancionar acciones que causaron desmanes en medio de manifestaciones. Su alegato final expuso que había derechos en conflicto, indicando que «la protesta termina donde comienzan los derechos de otros».

Defensa de los acusados

En la defensa de Gurina y Sánchez, se destacó que no hay evidencia contundente de que los acusados lideraran la protesta, enfatizando que las decisiones se tomaban en asambleas. La abogada Roxana Rivas subrayó que nunca había habido represalias judiciales en conflictos sociales anteriores y que los daños a los comerciantes eran meramente presuntos.

Un llamado a la reflexión

Previo al fallo, Sánchez se dirigió a la jueza expresando: «No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia». Su intervención resaltó la preocupación sobre el impacto de la condena en el futuro de las protestas sociales en el país, advirtiendo que podría sentar un peligroso precedente.