“Cuando el estado se moderniza, puede ser más eficiente y más efectivo”, el autor de esta frase no es ni más ni menos que el actual jefe de la AFIP, Ricardo Daniel Echegaray y se da en el contexto de un nuevo tipo de control, autoritario e invasivo, por parte de este Gobierno para realizar viajes al exterior. Esta frase tal vez podría ser tomada por algunos como positiva si el contexto y las intenciones no fueran nefastas, pues un estado eficiente sería un estado más pequeño y más barato de mantener.
Desde el nacimiento del denominado “Proyecto X”, en el seno informático de la Gendarmería Nacional y por orden expresa del Sr. Aníbal Domingo Fernández, el Estado viene recopilando información privada de los ciudadanos de forma ilegal, en lo que constituye de facto la mayor “operación negra” desde la última dictadura militar.
El Proyecto X fue concebido en los primeros meses del año 2008 como una gran base de datos a la cual podrían acceder, cada vez que lo solicitaran, las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia, entre otras dependencias del Estado Nacional.
El proyecto fue desarrollándose muy tímidamente hasta mediados de 2009, cuando surgió el interés de Echegaray –recién ascendido al trono fiscal– quien apenas tomó conocimiento del desarrollo, terminó por sepultar las chances de concluirlo tras las fuertes peleas políticas que generó por el liderazgo y la preservación de las acciones que podrían llevar a prisión a funcionarios claves del Gobierno. Una vez olvidado y descartado casi por completo este conjunto de procedimientos ilegales, Schenone, jefe de los “gendarmes voladores”, resucitó la idea –no así el desarrollo– y el proyecto terminó con los resultados que ya son de público conocimiento.
Esta operación, que puede resultarnos irrisoria –sobre todo si la comparamos con la realizada de forma masiva e internacionalmente por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos– nos deja de manifiesto que el Estado que debería proteger los principios consagrados en la Constitución no tiene ningún reparo de violarlos a la hora de cumplir objetivos políticos.
Estos objetivos políticos son de los más amplios, y las violaciones a la Constitución Nacional por estos días vienen por docenas a la hora de hacer algo tan simple como querer comerciar o viajar al exterior.
Ante un Estado cada vez más persecutorio, lo cual es una tendencia internacional, los gritos de libertad no se hacen esperar y casi a la par del crecimiento del espionaje digital local, una persona de origen desconocido y con el seudónimo “Satoshi Nakamoto” daba vida a lo que hoy se conoce como “Bitcoin”, la primera de muchas criptomonedas –dinero digital descentralizado– que hoy operan globalmente y de forma totalmente libre, fuera de la órbita de los Estados.
Esta condición “sin Estado” es inherente a la naturaleza del concepto de criptomonedas ideado por Nakamoto, de quien lo único que conocemos fehacientemente es que basó su genial invención en un escrito del criptógrafo Wei Dai, quien a su vez se basó en el Manifiesto Criptoanarquista de Timothy C. May, en el cual se plantea la posibilidad de lograr una sociedad anarcocapitalista por medio de la criptografía.
Sin entrar innecesariamente en complejos detalles técnicos acerca del uso de la criptografía, podemos decir que la naturaleza de estas criptomonedas nos permite, entre muchas otras cosas, comerciar globalmente y al instante bienes y servicios sin comisiones y por fuera de cualquier tipo de control empresarial y gubernamental.
No existe ninguna autoridad validando nuestras transacciones, sino una red informática descentralizada (muchas computadoras conectadas a Internet por decirlo de la forma más simple posible) chequeando que la misma cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para así asentar estas transacciones en un gran libro contable llamado cadena de bloques que es prácticamente imposible de falsificar, violentar, confiscar y un largo etcétera.
Traducido en ejemplos concretos esto significa que uno puede adquirir Bitcoins con sus pesos devaluados al 40% anual en servicios que hoy se ofrecen hasta en los kioscos, hacerse de un buen saldo en una billetera (supongamos aleatoriamente unos USD $20.000.-), cruzar las aduanas que uno quiera y luego cambiar esos Bitcoins por la moneda local del país que visitemos o bien hacer turismo pagando con los mismos Bitcoins.
Así, la AFIP no vería ni una declaración de divisas excedentes a su patético límite, ni reportes de compras en el exterior, tampoco vería nuestros pedidos de compra de moneda extranjera que jamás otorga, ni lo más importante: nuestro dinero. Nada de nada.
En términos cotidianos, podemos ofrecer nuestros bienes o servicios a cambio de Bitcoins, comerciar y consumir con ellos o bien ahorrar atesorando dólares comprados a cambio de los “BTC” (las siglas usadas para identificar a esta criptomoneda) y ante la AFIP, quién te ha visto y quién te ve.
Zafar de los autoritarios controles y el robo de nuestra propiedad por parte del Estado es hoy posible sin quebrar ninguna ley, y no hay Estado modernizado o en vías de modernizarse que pueda poner fin a este suceso que recién comienza y ya ha destrozado varios paradigmas. No importa lo efectivo y eficiente que sus funcionarios piensen que sea.
Ante una crisis económica que ya se hace sentir a diario, es hora de pensar para nuestra economía individual un “plan B”, con B de Bitcoin a la vez que es hora de pensar en las libertades que hemos ido perdiendo en estos años.