A pesar del llamado a indagatoria realizado por Piccardi, que incluye a 15 personas, no se observa una respuesta contundente por parte del gobierno. Entre los citados, además de Spagnuolo, se encuentran nombres como Pablo Atchabahian y Héctor Calvete, algunos de los cuales siguen desempeñando funciones en la Andis, lo que sugiere que la prometida auditoría interna podría no estar avanzando.

La Audiencia de Indagatoria y la Opacidad del Proceso

Spagnuolo no está solo en esta controversia. Los otros implicados en la indagatoria también forman parte del sistema actual de la Andis. Esta situación crea disparidades entre la burocracia estatal y el procedimiento judicial, dejando en suspenso el futuro de la auditoría interna que se anunció el 22 de agosto. Hasta ahora, nadie ha proporcionado actualizaciones sobre la auditoría, que está a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Revelaciones de Sobrefacturación

Un informe técnico filtrado ha puesto de manifiesto casos de sobrefacturación en la Andis, aunque el documento final aún no ha sido publicado. Se sospecha que la corrupción se ha institucionalizado a través de licitaciones direccionadas que beneficiarían a ciertas empresas.

Las Implicaciones Financieras del Escándalo

Según la investigación, el esquema corrupto podría haber recaudado hasta $43 mil millones en sus primeros dos años de gestión. Las empresas Profarma, Génesis, New Farma y Floresta están bajo la lupa por su participación en este entramado. La denuncia sugiere que algunas de estas firmas simulaban participar en concursos públicos, facilitando el esquema de recaudación coordinado por los implicados.

Conexiones y Revelaciones Impactantes

La conexión de Spagnuolo con otros actores del escándalo se hace más evidente mediante hallazgos alarmantes, que incluyen grabaciones que lo muestran en reuniones sospechosas y mensajes de texto en los que se menciona la entrega de pagos en efectivo, sumando un total de $5 millones en una mochila.

Situación Actual en Andis y Reacciones del Gobierno

A pesar de esta turbulencia, las autoridades del gobierno parecen confiar en que la denuncia de Piccardi no afectará significativamente a Karina Milei. Están preparados para impugnar la causa si es necesario y consideran que el Estado no intervendrá como querellante.

Un desarrollo político interesante es la decisión de un juez federal de Catamarca que ha ordenado la reposición de todas las pensiones por discapacidad, un punto que ha mantenido al gobierno en vilo, aunque ha decidido apelar. A pesar de las acusaciones de falta de control en la administración de pensiones, el área de Andis parece operar con “normalidad”, un hecho que contrasta con las denuncias de irregularidades en su funcionamiento.