El conflicto estatal de Tierra del Fuego cumple 100 días y la solución parece lejana

El eje de la disputa no cambió demasiado desde el 1° de marzo, cuando los sindicatos movilizaron a la Legislatura provincial, en la apertura del período de sesiones ordinarias, y anunciaron un plan de lucha contra la aplicación de un paquete de leyes sancionado entre el 8 y 9 de enero, a propuesta de la gestión entrante de la gobernadora (FpV) Rosana Bertone. Las normas contienen desde reformas impositivas hasta cambios en el régimen de pensiones, pero los aspectos más controversiales consisten en la modificación de los requisitos para acceder a la jubilación, en la declaración de emergencia del sistema previsional y en la pérdida de autarquía del instituto Previsional y de Servicios Sociales (Ipauss). Según el gobierno, las leyes vinieron a corregir un “festival de privilegios jubilatorios”, que permitía jubilarse a los empleados estatales entre los 40 y los 45 años, con haberes promedio de 35.000 pesos mensuales y casos extremos de más de 200.000 pesos, y cuyo sostenimiento había originado una crisis que ponía en riesgo la sustentabilidad de la propia provincia. El ministro de Gobierno fueguino, Gastón Díaz, anunció esta semana que los cambios legales, incluido un Fondo Solidario de aportes extraordinarios al sistema, permitió disminuir de $70 millones a $14 millones el déficit mensual del Ipauss, además de reducir la cantidad de tramos en que se pagan las jubilaciones. En cambio, los sindicatos estatales nucleados en la denominada “unión de gremios” consideran a la reforma como “parte de una política de ajuste y de recorte de derechos” por parte de la administración Bertone, por lo que exigen la “derogación inmediata de todas las leyes”. Bertone logró convencer a un grupo de sindicatos de que levantaran las medidas de fuerza y se sentaran a negociar aspectos reglamentarios de las leyes, en una “mesa técnica” que ya tuvo varios encuentros en Tolhuin y Río Grande. El último acuerdo de la mesa fue la realización de un “estudio actuarial” sobre las finanzas del sistema previsional, mientras que también se ratificó que no se permitirá la integración de la unión de gremios hasta que no levanten el paro. “El que no tiene el coraje de entender que vivimos en un sistema representativo, republicano, federal y democrático, se quedará de la puerta para afuera”, aseguró Díaz. Por su parte los sindicatos disidentes recibieron el apoyo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien viajó a Ushuaia junto a Elia Espen, y un grupo de dirigentes de organismos de derechos humanos y diputados de izquierda para acompañar el reclamo estatal. La comitiva brindó hoy una conferencia de prensa y luego participó de una movilización al edificio de tribunales de la capital fueguina, donde pidieron ser tenidos como “amicus curiae” (amigos de la corte) en la causa penal donde se investiga a manifestantes por los distintos incidentes ocurridos durante el conflicto, incluida la agresión al vicegobernador Juan Carlos Arcando a la salida de un acto. Las madres no fueron recibidas, a pesar de haberlo solicitado, por el juez Javier De Gamas Soler, a cargo de la investigación. “Estamos aquí en apoyo a los trabajadores de Tierra del Fuego. No podemos retroceder 30 o 40 años”, sostuvo Cortiñas. A su vez, la dirigente del MST Vilma Ripoll, acusó a Bertone de “aplicar la peor versión de la receta de Mauricio Macri: ajuste más represión”, mientras que la diputada nacional Myriam Bregman señaló que «estamos muy preocupados por el clima represivo que se vive en Tierra del Fuego”. “Los compañeros son perseguidos judicialmente con el fin de impedir su derecho democrático a ejercer sus funciones como representantes gremiales. Exigiremos el cierre de la causa y el cese de la persecución», agregó Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), otra de las organizaciones que participó de las actividades en Ushuaia. Las madres también pidieron reunirse con Bertone, aunque fueron recibidas por el ministro jefe de Gabin