La sentencia dictada por el tribunal, conformado por Noel Costa, Carolina Prado y Fabián Asís, impuso seis años de prisión a Gabriel Suárez y cuatro años y medio a Jorge Molina Herrera. Sin embargo, ambos permanecerán en libertad hasta que la decisión judicial se haga firme.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el fallo no contempló la figura de asociación ilícita ni inhabilitaciones, lo que permite a Molina Herrera continuar al frente del sindicato, generando fuerte rechazo entre los representantes de los afectados.

Querella exige justicia: «No estamos conformes»

La representante de la querella, Mabel Sessa, expresó su descontento tras el fallo. “No se condenó la inhabilitación para ejercer cargos gremiales», criticó en una entrevista con Cadena 3.

Una deuda histórica: $198 millones no devueltos a los jubilados

Un tema central en este caso es la deuda del Fondo Compensador, que representa un perjuicio significativo para jubilados y pensionados de Epec. Según la abogada, durante la investigación, se detectaron $198 millones que deberían ser distribuidos entre estos grupos.

“Los jubilados no han recibido lo que les corresponde del fondo compensador. Ese dinero fue desviado a otros fines», aclaró Sessa. Además, resaltó que los afiliados activos continúan aportando sus cuotas, confiando en la administración del sindicato.

Desvío de fondos y gastos cuestionables: El esquema de defraudación

La investigación reveló el uso de $13,5 millones en fichas de casino entre 2011 y 2015, una operación que se atribuye a dirigentes actualmente en el poder del gremio. Esta cifra, si se ajusta a la inflación actual, resulta mucho más elevada.

Sessa declaró: “Está claro que se realizaron esos gastos”. Aunque la defensa intentó enmarcarlos como gastos personales, el tribunal mantuvo su postura. Por otro lado, Suárez fue condenado específicamente por lavado de activos, debido a la coincidencia de sus adquisiciones de propiedades con los períodos investigados. En contraste, Molina Herrera fue absuelto de esta acusación.

Tras el fallo, Luz y Fuerza emitió un comunicado desestimando las acusaciones de lucro personal y denunciando lo que consideran una “operación política” en su contra. Sin embargo, Sessa replicó enérgicamente que estas afirmaciones son interpretaciones sesgadas para minimizar lo sucedido, y recordó que en un principio hablaban de una «persecución del Gobierno provincial» y ahora cambian su discurso a una interna dentro del sindicato.