El papá de los chicos contó que los costureros eran obligados a pagar parte del alquiler

«El papá de los chicos contó que los costureros eran obligados a pagar parte del alquiler del local cada vez que Lee, el empresario coreano -inquilino formal del contrato de locación de Páez 2796- contraía deuda con Isabel Pinto, dueña del inmueble», dijo a Télam la abogada querellante Gabriela Carpineti. El Juzgado de Instrucción 2 remitió las actuaciones por el incendio a la Justicia Federal, dictaminando que el hecho debía ser investigado en el marco de un contexto general de trata de personas y así lo está haciendo el Juzgado Federal 6 a cargo del Adolfo Canicoba Corral. Mur se presentó por tercera vez a declarar ante Canicoba Corral, en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py como querellante en la causa, ya que denuncia las condiciones de hacinamiento y explotación que había en el taller. En la audiencia, Mur ratificó que Lee «les cobraba las fallas a valor final de la prenda y no al costo» y que la jornada era de «14 horas, que no tenían franco y que por esa razón muchas veces su familia y él no alcanzaban a viajar hasta Villa Celina (La Matanza)», donde se encontraba la pieza que también alquilaban como vivienda. El día del incendio, explicó Carpineti, «los nenes estaban en el taller textil porque no habían podido volver a Villa Celina a dormir ya que sus padres salían a las 22 y ellos entraban a la escuela pública de Gaona y Caracas temprano al día siguiente». «La declaración de Mur -añadió la abogada- ratificó que las condiciones en que se hallaban los trabajadores eran totalmente irregulares y que para mantener el trabajo no les quedaba otra opción que quedarse a pernoctar en el taller». Durante la audiencia, la abogada defensora del empresario Ana Laura Palmucci, del Estudio Iezzi y Varone, «intentó desacreditar a Mur que además de testigo es presunta víctima de la explotación laboral, con preguntas intimidatorias y reiteradas sobre los mismos hechos». «Esperamos que en la próxima audiencia sea imputado el empresario y que sea llamado a declarar él y los demás involucrados como Isabel Pinto, propietaria del taller», concluyó Carpineti. En este juicio La CTA-Ciudad de Buenos Aires denunció que el gobierno porteño «opera en el expediente judicial favoreciendo la estrategia de defensa del empresario investigado». La CTA destacó que mientras la Justicia avanza en la investigación por trata de Personas en el taller textil de la calle Páez, el Director General de Asistencia a la Víctima, Leonardo Szutchet, «expuso comentarios realizados por las víctimas pocas horas después del incendio, violentando todos los protocolos vigentes».