El ministro de Trabajo Jorge Triaca enviará esta semana al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral cuya base está centrada en una iniciativa que elaboró a principios de año el secretario de Empleo Miguel Ponte. PUBLICIDAD inRead invented by Teads Más allá de los acuerdos sectoriales que firmó el Gobierno -el primero que fue el de Vaca Muerta en enero pasado y el último el firmado ayer con el sector lácteo-, se está preparando un fuerte golpe a la industria del juicio laboral y un cambio con respecto a lo ocurrido en la jurisprudencia en materia laboral desde fines de los 90 hasta la fecha. Según pudo saber Infobae, en la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso habrá un cambio en la definición del concepto de salario del trabajador. Dicho de otra forma, se buscará separar el salario de los beneficios que otorga el empleador a un trabajador. «La Ley de Contrato de Trabajo establece como definición que el salario es toda aquella remuneración en contraprestación por un trabajo, pero la misma se ha ido deformando y ha incorporado beneficios que otorga el empleador que no forman parte de ese salario. Entonces, el trabajador cuando inicia un juicio contra un empleador puede reclamar además del salario propiamente dicho por muchos conceptos mas como la prestación de la medicina prepaga, la utilización de un teléfono celular, del auto que le da la empresa y eso provoca que los juicios laborales lleguen a cifras astronómicas que pueden llevar a la quiebra de la empresa», manifestó a Infobae un funcionario del Gobierno. Esta redefinición del salario tendrá como objetivo limitar las demandas salariales indemnizatorias que desde fines de los 90 incluyen rubros llamados no dinerarios o beneficios que dan las empresas a los trabajadores, como celulares, vehículos y medicina prepaga. «Esta reforma laboral también buscará dar fin a las llamadas acciones denominadas por solidaridad. Estas incluyen no solo al empleador de la actividad del trabajador sino también a la empresa que desarrolla la actividad principal. En la actualidad un trabajador puede hacerle juicio a su empresa pero también a la que desarrolla la actividad principal», comentó el funcionario a este medio. Un abogado laboralista consultado por Infobae manifestó que «los juicios laborales son imposibles de cuantificar porque la actual jurisprudencia incluye la línea de celular, la utilización de un vehículo, la prestación de una empresa de medicina a prepaga». El experto agregó: «Si se redefine la composición del salario para los futuros juicios implicará que si un empleado demanda a una empresa por irregularidades durante el período de contratación por retención indebida de aportes, inscripción tardía o informalidades parciales sólo podrá aspirar a conseguir una indemnización habitual por antigüedad, pero no se consideraran los extras o beneficios que otorga el empleador que suelen hasta duplicar los pagos legales». El proyecto buscará reducir los montos efectivamente percibidos por los trabajadores a través de indemnizaciones judiciales para desalentar la litigiosidad laboral. La renovación de los jueces del fuero laboral será otra de las jugadas que buscará el Gobierno para poder lograr su objetivo. La intención es incorporar unos 300.000 trabajadores a la economía formal por medio de los beneficios y facilidades que se les dará a los empresarios. Entre estos se pueden nombrar la caducidad de las multas por personal no registrado, el descuento en aportes patronales y una especie de inmunidad frente a juicios penales. También habrá una reducción de los aportes patronales para los primeros $ 10.000 de sueldo de cada trabajador del sector privado. Esa diferencia la aportará el Tesoro nacional como una forma de incentivar la contratación de personal nuevo. Este beneficio ya funciona para pequeñas y medianas empresas pero el proyecto de Reforma Laboral incluirá también a las grandes empresas. Estas son las 9 claves del proyecto que se trataría luego del 10 de
El proyecto de reforma laboral que el Gobierno llevará al Congreso
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