El transporte tiene deudas millonarias, falta de inversión y subsidios complejos

La situación del transporte argentino se encontraba a fines de 2015 en una situación caracterizada por deudas que en algunas áreas alcanzaban $15.000 millones y también por el desorden administrativo, la falta de inversión, modelos de gestión obsoletos o distorsionados y corrupción, según se refleja en el informe «El estado del Estado». El área que adquirió estatus ministerial con la llegada del gobierno de Mauricio Macri se presentaba a diciembre pasado con obras paralizadas, deudas multimillonarias, un estado precario general de la infraestructura y la ausencia de un plan estratégico para el sector, según el informe gubernamental. Las áreas que en diciembre de 2015 fueron agrupadas dentro del nuevo Ministerio de Transporte tuvieron el año pasado un presupuesto de $ 93.000 millones, de los que $ 8.545 millones, un 9%, quedaron sin ejecutar. Un caso paradigmático en este sentido era la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que en 2015 tuvo $900 millones de pesos para obras de modernización portuaria pero sólo ejecutó menos de $ 5 millones. Además, había deudas y pagos atrasados. Las más significativas pertenecen a la Dirección Nacional de Vialidad que a diciembre tenía obligaciones impagas por $13.000 millones, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria debía $1.200 millones y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado tenía deudas sin documentar por $ 800 millones. Al abordar el detalle de cada sector, se menciona que en los trenes del área metropolitana casi la mitad de las vías se encontraban en un estado regular o malo, el sistema de frenado automático estaba instalado en sólo el 10% de la red, en la ex línea Roca, y casi todos los ingresos de las empresas ferroviarias venían no de los boletos pagados por los pasajeros sino del Estado. En la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, sólo funcionaba una draga dentro de una flota de 115 embarcaciones; en tanto que la Isla Demarchi, una de las delegaciones de la subsecretaría, «era la principal postal de la desidia: muelles abandonados, embarcaciones desguazadas, galpones vacíos y edificios sin mantenimiento». De los relevamientos de las secretarías y los organismos descentralizados que después pasaron a formar parte del Ministerio de Transporte surgió «la existencia de sistemas de control manuales y precarios, parcialmente reemplazados por la contratación de sistemas automáticos de control poco confiables que nunca habrían sido puestos en funcionamiento y habrían sido contratados por sumas mayores a los precios promedio del mercado». «El estado general de la infraestructura era precario, especialmente en el caso de la Red Nacional Vial y el sector ferroviario», destacó el reporte tras aseverar que «no se evidencia que haya existido alguna vez un plan estratégico para el sector del transporte», lo que permitió que cada área se manejara según sus propios criterios. Existía también «un bajo nivel de ejecución en los organismos con obras a su cargo», y en muchos casos, se advirtió que el criterio elegido para hacer una obra habría sido «político», destacó el informe de «El estado sobre el Estado» al poner como ejemplo el caso de Vialidad Nacional, área en la que se advirtió «un criterio discrecional en el otorgamiento de obras viales». En diciembre de 2015 había 54 obras ferroviarias paralizadas, veintiséis pasos bajo y sobre nivel estaban en la misma situación, y la obra del soterramiento del Sarmiento se había anunciado varias oportunidades pero las nuevas autoridades sólo encontraron la tuneladora instalada pero sin que se iniciaran los trabajos. «El estado financiero de las secretarías y los organismos descentralizados, además, era ruinoso, muchos de ellos arrastraban deudas multimillonarias», advirtió el nuevo Gobierno al señalar que se observó también «una tendencia a la burocratización y la generación de papeleo innecesario que podría haber derivado en la desaparición de información sensible». En particular se alertó que en la Secretaría de Gestión de Tran