Por primera vez, el pequeño reino del sur de África admitió haber aceptado a 15 hombres expulsados como parte de un acuerdo firmado por la administración de Donald Trump, que ha suscitado serias críticas de grupos de derechos humanos.

Un acuerdo secreto con consecuencias visibles

Documentos de Human Rights Watch revelaron que Eswatini acordó recibir 160 deportados a cambio de 5.1 millones de dólares para mejorar su gestión de fronteras y migración. Este compromiso se enmarca dentro de un sistema de deportaciones subyacente en el que varias naciones africanas están involucradas.

Confirmación gubernamental y falta de transparencia

El Ministro de Finanzas, Neal Rijkenberg, confirmó en el parlamento que el gobierno había recibido la suma, aunque destacó que hubo una falta de información sobre las transacciones al interior del ministerio.

La llegada de deportados y la situación actual

El primer grupo de deportados llegó en julio en un avión militar estadounidense, seguido por otro lote en octubre. Algunos de estos individuos han sido calificados por Washington como “monstruos deprendidos”, implicados en delitos graves como abuso infantil y homicidio.

Estos deportados están actualmente recluidos sin cargos en el centro correccional de Matsapha, conocido por su historial de detenciones políticas. Uno de ellos, un jamaicano de 62 años que había cumplido una condena por asesinato, fue repatriado en septiembre.

Desafíos legales y cuestionamientos sobre el acuerdo

Grupos de abogados y organizaciones civiles en Eswatini han iniciado acciones legales para cuestionar la legalidad de estas detenciones. Rijkenberg señaló que los fondos de la ayuda estadounidense fueron depositados en la cuenta de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, aunque indicó que no se pueden utilizar recursos que no han sido formalmente asignados.

Contexto histórico y político

Eswatini, anteriormente conocida como Suazilandia, es la última monarquía absoluta en África, gobernada por el rey Mswati III desde 1986. Su régimen ha sido objeto de numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos, lo que añade una capa de complejidad a la actual crisis migratoria y de derechos en el reino.