La CGT se moviliza el 18 de diciembre: un grito de protesta contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido llevar a cabo una masiva movilización en rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional. Esta acción se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre, en un contexto de creciente tensión entre los sindicatos y la administración oficialista.
Detalles de la convocatoria
La manifestación está programada para las 15 horas en la emblemática Plaza de Mayo, donde se espera una amplia participación sindical.
Motivos detrás de la protesta
La decisión de la CGT se tomó durante una reunión en su sede de Azopardo, donde los líderes sindicales expresaron su claro desacuerdo con el proyecto oficial que podría ser debatido en el Senado la próxima semana.
A pesar de un gesto del Gobierno al eliminar un artículo que afectaba la recaudación de los gremios, la CGT considera que la reforma es regresiva, limitando derechos fundamentales y debilitando a las organizaciones sindicales.
Afectaciones de la reforma propuesta
El proyecto busca flexibilizar aspectos críticos como contrataciones y despidos, restringiendo además el derecho a huelga. Este enfoque ha generado un frontón de oposición, ya que los sindicatos sostienen que erosionaría importantes derechos laborales.
Postura de los líderes sindicales
El triunvirato que lidera la CGT, conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, sostiene que es fundamental mostrar unidad y fortaleza ante el avance de estas reformas. Así se manifestó en un encuentro donde aseguraron que la movilización es el primer paso en una estrategia más amplia de resistencia.
Los puntos críticos de la reforma laboral
La reforma en discusión, que consta de 79 páginas, incluye modificaciones significativas a la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo. Entre las propuestas, se redefine la base de cálculo de indemnizaciones, excluyendo elementos como aguinaldos y propinas.
Asimismo, se crearía un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones por despidos, financiado por un aporte obligatorio del 3% sobre salarios.
Finalmente, el proyecto limita la capacidad de acción sindical y establece autorizaciones previas para asambleas, entre otras restricciones que han sido denunciadas como un ataque a los derechos laborales.
