El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, solicitó el viernes la prohibición de salida del país sin autorización para el exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, actual diputado de Unidad Ciudadana (UC), y la inhibición de bienes por 189,2 millones de pesos, según le confirmó una fuente de la investigación a TN.com.ar.
Garganta sospecha que Scioli cometió irregularidades en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) al adjudicárselas por 117 millones de pesos a la empresa Miller Building, de Ricardo Miller, con quien a su vez hizo negocios privados.
El fiscal también pidió que el empresario no pueda salir del país y sea inhibido por la misma cantidad que el exgobernador. Lo mismo para el exministro de Salud, Alejandro Collia, de quien dependían las UPA. Ahora deberá decidirlo la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia.
El exmandatario provincial negó el jueves las acusaciones en su contra, a través de un escrito de 54 páginas, al que tuvo acceso TN.com.ar, en el que rechazó las imputaciones por presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve UPA y juró que «nunca» recibió «dádivas de ninguna persona».
Para el fiscal Garganta en las contrataciones hubo además otras irregularidades, como «la elusión de la ley de obras públicas» y la reducción de plazos para que otras empresas no pudieran presentar sus ofertas.
Los investigadores allanaron en diciembre una propiedad a nombre de La Posada Multiespacios SA, que Scioli se la vendió a Miller en enero de 2017. El ahora diputado aseguró en su Declaración Jurada que ese inmueble costaba 600 mil pesos a valor fiscal, pero consiguió vendérsela a ese excontratista de su Gobernación por 3,85 millones de dólares, según le confirmó una fuente de la investigación a TN.com.ar.
Previamente a la compraventa de esa propiedad, Miller Building ingresó esos 3,8 millones de dólares al blanqueo de capitales que abrió el gobierno de Macri. Luego, sí, tras varios años de alquiler, le compró el inmueble a Scioli.