Gobierno afirmó que mapuches iniciaron ataque con armas de grueso calibre
El Ministerio de Seguridad salió hoy al cruce de las críticas por el rol de las fuerzas federales en la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel en Río Negro y relató que el hecho se dio en el marco de un «enfrentamiento armado» y una «emboscada» contra cuatro prefectos. En un comunicado, la cartera señaló que durante las tareas de rastrillaje llevadas a cabo por cuatro prefectos para dar con el paradero de las «personas prófugas» luego del desalojo realizado el jueves pasado en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del Lago Mascardi, un grupo de entre 15 y 20 personas «encapuchadas» lanzaron una «emboscada» contra la patrulla. «El grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento», describió el texto oficial. Mencionaron que al verse «superados en número» y al notar que los mapuches, algunos de los cuales portaban «armas blancas», no cesaban en su agresión contra la patrulla, solicitaron «apoyo y autorización para hacer uso de sus armas de fuego para salir del rodeo». Según la narración de la cartera que conduce Patricia Bullrich, los prefectos emprendieron el descenso «cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios», que fueron los que finalmente provocaron la muerte de Nahuel y otras dos personas heridas. «A las 18:00 horas aproximadamente, desde la ladera de la montaña y en la zona próxima al puesto de la Prefectura Naval, descendieron dos personas con una tercera que estaba herida. En ese momento se procedió a la detención de los mismos, identificados como Fausto Jones Huala y Alejandro González, constatándose luego que la persona herida había fallecido», se informó. Por último, la cartera de Seguridad lamentó el trágico episodio pero aclaró que «no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho». En tanto, reafirmó la «confianza en la investigación judicial para demostrar que se actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado».