La Cancillería, liderada por Pablo Quirno, enfatizó que la República Argentina «repudia enérgicamente» la decisión de Rockhopper Exploration Plc, de capital británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de capital israelí. Dicha iniciativa para desarrollar el yacimiento «Sea Lion», ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, se realiza sin la autorización de las autoridades argentinas, lo que lo convierte en un acto ilegal.

Reacciones Desde el Gobierno Argentino

El comunicado oficial recordó que toda actividad de exploración y explotación en áreas en disputa va en contra de lo estipulado en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este marco legal reconoce la existencia de un conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y exhorta a ambas partes a retomar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva.

Demandas a Londres

El Gobierno argentino también hizo un llamado a Londres para que se abstenga de otorgar concesiones de explotación en la plataforma continental argentina. Asimismo, se solicitó que se detengan las actividades asociadas a la exploración de hidrocarburos en la región cercana a las Islas Malvinas.

Una Cuestión Histórica

Previamente, Andrés Dachary, secretario de Malvinas del gobierno fueguino, había instado a la Cancillería a pronunciarse en contra de estas actividades, que son consideradas ilegales según la legislación nacional. La decisión de la Cancillería se produce en un contexto de creciente interés por parte de las empresas involucradas, que anhelan resolver el prolongado deseo de los isleños y las autoridades británicas de iniciar la explotación de este recurso.

Un Acto Unilateral Preocupante

El comunicado del Gobierno argentino subrayó que las decisiones de Navitas y Rockhopper, que fueron anunciadas en la Bolsa de Londres, representan un acto unilateral de «gravedad», con efectos potencialmente irreversibles sobre los recursos naturales no renovables en áreas conflictivas.

Planes de Acción Futuros

Argentina se comprometió a intensificar su plan de acción, tomando todas las medidas acorde al derecho internacional para proteger sus derechos e intereses soberanos. Esto sugiere la posible implementación de sanciones, que aunque están contempladas en la ley argentina, no se han utilizado en años recientes.

Detalles del Proyecto

La «decisión final de inversión» implica un compromiso de inversión inicial de 1.800 millones de dólares para la primera extracción petrolera, y 2.100 millones adicionales para completar el proyecto. Estos planes surgen después de 15 años de investigación en la región, donde el hallazgo de petróleo siempre fue considerado un objetivo estratégico para las Malvinas.