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El Gobierno analiza a idea de la «subasta inmediata» de los activos que ingresen al Estado por parte de casos de narcotráfico y corrupción, para evitar gastos operativos y poder reinvertir los fondos.
Además, permitiría evitar que se deterioren, lo que llevaría además a reducir los costos de almacenamiento.
El DNU ya fue enviado al Congreso y está en condiciones de ser debatido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El cuerpo tiene 10 días hábiles para expedirse en torno a la medida dispuesta días atrás por el presidente Mauricio Macri, que generó fuertes cuestionamientos de la oposición. No se descarta que sea incluido en el temario de sesiones extraordinarias.
El DNU de extinción de dominio que emitió el Poder Ejecutivo determinó que, una vez que un juez civil lo ordene, «la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles expropiados» a las personas procesadas por la Justicia quedarán dentro de la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. La norma también menciona la posibilidad de subastar los bienes y coteja la posibilidad de una «venta anticipada» de los activos.
Se prevé además la creación de un «fondo de garantía» compuesto por un porcentaje de cada subasta, para los casos en los que el Estado tenga que reintegrar los bienes en los casos en que haya absolución o sobreseimiento.
El decreto habilita además la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones civiles.
Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23 737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.
Incluye el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
Serán alcanzados además delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas. Durante el proceso la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
