Gritos, acusaciones, siestas y un debate dominado por la oposición caracterizaron la última sesión de la comisión de juicio político, que se extendió hasta las 4.30 de la madrugada de hoy, antes de que el lunes sus 65 miembros voten a favor de elevar al pleno de la Cámara de Diputados el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. «A Dilma no le gusta el Congreso, siempre estuvo ajena al diálogo con el Congreso», dijo el diputado opositor Jovair Arantes, instructor del proceso en la comisión de la cámara baja que recomendó al Senado enjuiciar y destituir a la mandataria, un caso que la jefa del Estado considera «golpe de Estado» porque carece de delito de responsabilidad contra la Constitución. En la maratónica sesión iniciada el viernes por la mañana, hablaron 39 diputados a favor del juicio político, con lo cual se da por descontado que en la comisión, el lunes, se envíe para votación en el pleno, en una sesión que se iniciará el viernes 15 y terminará el domingo 17, en la cual la oposición necesita 342 votos para enviar al Senado para que juzgue el proceso. Tan solo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con el mismo, estaría impulsando un golpe. Si luego el Senado lo acepta por mayoría simple, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene la Cámara Alta para juzgarla y sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que rompió con su compañera de fórmula luego de que la dirección nacional de su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) pasó a la oposición. A la par de la sesión de la comisión de diputados, en San Pablo, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya asunción como jefe de gabinete de Rousseff está suspendida por la justicia, fustigó que la confesión de un ex directivo de la constructora Andrade Gutiérrez califica a donaciones legales de campaña para el PT como fruto de sobreprecios de contratos. «La plata que donaron al PT era sucia, la plata que donaron a los tucanos (el Partido de la Social Democracia Brasileña) parece rociada con agua bendita», se quejó Lula, al reclamar que existe una conspiración para justificar el «golpe contra la democracia», como llama al impeachment. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien impulsó el juicio político y busca derribar a Rousseff, a la vez quedó más comprometido porque el Banco Central determinó que cometió crimen fiscal al no declarar cuatro cuentas secretas que tenía en Suiza como parte de una empresa. En Brasilia, en la comisión, la oposición dominó el apoyo al juicio político. «No se entiende cómo Dilma sigue al frente del gobierno. No tengo dudas de que hay crimen, que la mejor alternativa es tener a Temer como presidente ahora», dijo Rodrigo Maia, del ultraconservador partido Demócratas, aliado al ex candidato presidencial derrotado del PSDB Aecio Neves. En una sesión marcada por acusaciones de «fascistas» y de «payasos» de ambos lados, los oficialistas acusaron a la oposición de no encontrar delitos contra la Constitución en el llamado maquillaje fiscal, los créditos entre entidades del gobierno dentro del presupuesto para pagar programas sociales. «El informe condenatorio es una irresponsabilidad. Esta inconsistencia jurídica será derrotada porque no hay crimen de responsabilidad, por lo tanto hay golpe», dijo Paulo Teixeira, del PT.
Hasta la madrugada, última sesión antes de la votación del juicio a Rousseff
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