Hay mas de 1.000 oficiales de la Bonaerense intimados por Vidal por no presentar su delcaración de bienes

Las diferencias entre el Ejecutivo bonaerense y sectores de la Policía Bonaerense que se resisten al cambio, pueden profundizarse en días más. Y esta situación, a su vez, incrementa el reclamo, preventivo, de los alcaldes municipales para exigir que la Policía Local de cada distrito pase directamente a su jurisdicción. Unos 1.000 funcionarios de alto rango de la policía bonaerenses, fueron intimados para que en 10 días presenten sus Declaraciones Juradas de Bienes, ya que al vencer el plazo fijado no cumplimentaron ese trámite dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dispuso la intimación a esos efectivos advirtiendo que si volviesen a incumplir se procederá a suspenderlos, descontarles del salario los días en que demoren en efectuar la presentación, y serán denunciados ante la Unidad de Información Financiera (UFI) por el posible lavado de activos. Sobre un total de cerca de 6.500 policías con grados que van de subcomisario a comisario general, obligados a presentar sus Declaraciones Juradas, que son públicas en su versión Sintética y Reservada en la presentación Integral, por contener datos sensibles (números de cuentas, clave fiscal, etc.) aproximadamente un millar incumplieron tanto en el plazo original como en la prorroga acordada. El decreto firmado por Vidal contiene varias imperfecciones, tales como que no contempló sanciones a los infractores y cuando desde la Escribanía de Gobierno se hizo conocer esa falencia el remedio fue peor que la enfermedad: el secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, redactó un decreto que, por «una deficiente redacción», según se admitió, penalizaba la difusión de los datos de la Declaración Sintética, que el decreto original establece como de carácter público y con libre acceso para cualquier ciudadano. Luego del episodio, que fue denunciado por asociaciones periodísticas como una limitación a la libertad de prensa, el cuestionado decreto fue dejado sin efecto y ahora las sanciones se aplicarán -llegado el caso- por analogía a la legislación nacional sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y tampoco se subsanó una cuestión práctica: los uniformados de toda la Provincia de Buenos Aires deben presentar sus DD JJ en La Plata y ni se les reconoce el día de trabajo que pierden ni los gastos que el trámite origina, tales como movilidad, alojamiento y comidas. En tanto, las bases de este decreto se plasmaron en un Proyecto de Ley que se encuentra en la Legislatura, en donde existe amplio consenso para ser aprobado, con correcciones de la metodología y con la fijación de severas sanciones para quienes omitieran presentar o fraguasen sus Declaraciones Juradas.