Nuevo avance en la investigación sobre la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales

La investigación judicial que rodea la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales (Osprera) ha tomado un rumbo decisivo. El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado una serie de acciones para aclarar el papel de varios funcionarios y actores internos del gremio UATRE, incluyendo al diputado libertario Pablo Ansaloni.

Investigación por maniobras irregulares

Este caso, que ha acumulado interés y preocupaciones, investiga la posible existencia de maniobras para justificar la intervención de la obra social. La conducción de UATRE califica estos eventos como parte de un “acuerdo criminal” destinado a desestabilizar al gremio y favorecer negocios que involucran a la familia Menem.

Medidas del juez Casanello

La reciente resolución del Juzgado Federal Nº 7, que consta de 15 páginas, responde a una solicitud presentada el 10 de noviembre por la defensa del sindicato. Establece cinco ejes centrales que buscan esclarecer el proceso que llevó a la intervención bajo la dirección de Marcelo Petroni.

Intimación a la Secretaría de Trabajo

Uno de los aspectos más destacados es la orden a la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero, para que entregue en un plazo de diez días los 19 expedientes completos de las seccionales de UATRE que han presentado conflictos o intervenciones. Esta medida tiene como objetivo detectar posibles irregularidades que habrían contribuido a la intervención de Osprera.

Solicitudes adicionales en la pesquisa

Además, Casanello ha ordenado la entrega del legajo personal de Eduardo Comadira, exsecretario de Trabajo, y ha solicitado registros fílmicos y vehiculares que documentan sus movimientos en la Secretaría desde octubre de 2024 hasta julio de 2025. Según la resolución, esta información permitirá reconstruir reuniones y decisiones relevantes que afectaron a UATRE.

Amplia recolección de datos

La investigación también se expande al análisis de las comunicaciones de los principales imputados. Se han solicitado registros telefónicos y geolocalización de varios funcionarios y dirigentes desde octubre de 2024, incluyendo a personalidades como Julio Cordero y Aixa Petriatti, entre otros.

Posibles conspiraciones políticas

Fuentes vinculadas al caso sugieren que el juez busca averiguar si ha existido coordinación entre actores estatales y disidentes del gremio para llevar a cabo un plan que precedió a la intervención formal de la obra social.

Irregularidades y la relación con Suizo Argentina

La investigación no solo se centra en la intervención de Osprera, sino que también investiga la relación de esta con la droguería Suizo Argentina. En septiembre, el fiscal Guillermo Marijuán llevó a cabo procedimientos en las oficinas de Osprera y la Superintendencia de Salud, en busca de documentación relevante.

Involucramientos familiares en la causa

Dentro de esta trama, destacan nombres como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del actual presidente, así como Eduardo “Lule” Menem. Se han revelado comunicaciones que apuntan a reuniones estratégicas en torno a la intervención de UATRE.

La suma de evidencias y el seguimiento de las decisiones tomadas en las altas esferas políticas son cruciales para dilucidar si la intervención de Osprera se basó en motivos administrativos legítimos o en un entramado político cargado de sospechas.