Investigan a la policia Bonaerense por las coimas del juego

La detención del “rey” del juego clandestino en la Provincia, Adrián Almaraz, desencadenó nuevas investigaciones a raíz de los sobres con dinero que se encontraron y presuntamente estaban destinados a seccionales policiales de Morón. Los comisarios de esa jurisdicción departamental deberán declarar en Asuntos Internos y luego serían relevados de sus cargos. Esa red ilegal de apuestas en el Gran Buenos Aires maneja 500 millones de pesos anuales. El responsable de las siete agencias no oficiales es Adrián Almaraz, quien reconoció el pago a la Policía del lugar para operar con un centenar de “pasadores” distribuidos en la región. Almaraz y 12 mujeres, encargadas de recibir el dinero recaudado, permanecieron detenidos varias horas. Fue después del allanamiento a una casa de la calle Sánchez 2898, en Castelar, la localidad donde vive la gobernadora María Eugenia Vidal. “Lo de los sobres es algo que saben todos y pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires. Ellos (los agentes) venían a buscar la plata una vez por mes”, admitió Almaraz, quien comentó que “la quiniela clandestina existe desde hace cincuenta años” y que estaba “obligado” a entregar “los sobres para la Policía”. Ayer, Asuntos Internos examinaba las cámaras en la vivienda de Castelar para verificar la entrega de coimas a algún agente. Ritondo confirmó que los involucrados “tenían un arreglo con el gobierno anterior” de Daniel Scioli. Coincidió Almaraz con la presunción: “El poder político (provincial) nos dejaba actuar e intentó legalizarnos, pero los agencieros legales se opusieron”, dijo el dueño de la Lotería trucha. En la trama está siempre la Policía provincial. El jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra, ya tiene trabajo adicional con el secuestro de 36 sobres con 135.000 pesos en la Departamental La Plata, proveniente de cobertura policial por delitos varios. Y, además, por el desvío de 25 millones de pesos de horas Cores en la comisaría 1° de la capital bonaerense. Los efectivos investigados integran una lista de 1.700 oficiales y suboficiales desplazados desde diciembre de 2015.