La controversia principal radica en los intentos del líder del Frente Patria Grande por obstaculizar el avance de la investigación, a pesar de contar con decisiones judiciales en su contra. La causa está a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Rívolo.

El 7 de junio, Grabois y un grupo de militantes tomaron las instalaciones del ex Instituto Perón, un edificio estatal situado junto a la Biblioteca Nacional. Desde entonces, la situación judicial se ha intensificado, con múltiples recursos que han atrasado la investigación.

Mediante una serie de solicitudes de nulidad y recusaciones, Grabois ha logrado demorar la apertura de su teléfono celular, utilizando como defensa su rol de abogado en lugar de activista. Esto ha generado un ambiente complicado, dado que la toma terminó en actos de violencia y daños materiales, dejando a policías heridos.

En el ámbito judicial, se ha comentado que la ex presidenta Cristina Kirchner podría haber designado a Grabois como su abogado en el juicio por el encubrimiento de iraníes en el atentado a la AMIA, como un reconocimiento por sus estrategias dilatorias que normalmente implementa en sus causas pendientes. Se destaca también que Grabois estuvo detrás de un escándalo reciente que involucró a un diputado de La Libertad Avanza.

El 22 de septiembre, un coimputado presentó un listado de testigos, y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettobello, objetó varios nombres, afirmando que algunos podrían ser coimputados. La Corte accedió al pedido de la ministra, lo que añadió más complejidad al caso.

Durante octubre, la investigación cobró impulso. El 3 de octubre, la División Requerimientos Judiciales de Imágenes de la PFA solicitó a la fiscalía que fijara un horario específico para analizar los videos del caso. Al mismo tiempo, el Ministerio reiteró peticiones para avanzar con las pruebas, logrando el respaldo de la fiscalía.

El 17 de octubre, la Cámara Federal de Casación desestimó un recurso de Grabois que buscaba nulificar la causa. Esta decisión mantuvo la investigación activa y frenó, al menos por ahora, sus intentos de paralizarla. Ese mismo día, el Ministerio insistió en la necesidad de realizar una extracción forense de los teléfonos involucrados, una medida que el juez sigue postergando.

Sin embargo, el juez Ramos optó por actuar con cautela y decidió no proceder por el momento con la solicitud del Ministerio, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre un recurso presentado por la defensa de Grabois. Cabe destacar que Grabois asumirá un cargo como diputado nacional el 10 de diciembre, lo que le proporcionará fueros parlamentarios.