Título: La Justicia Restablece la Ley de Emergencia en Discapacidad: Un Laudo a Favor de los Derechos Vulnerados
Bajada: Un fallo federal anula el decreto que suspendía la aplicación de la Ley 27.793, obligando al Gobierno a implementar medidas esenciales para las personas con discapacidad. Sin embargo, el Ejecutivo planea apelar y enfrenta un dilema presupuestario.
Un reciente fallo del Juzgado Federal de Campana ha declarado nulo el decreto que interrumpía la vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, exigiendo su inmediata aplicación. A pesar de esta resolución, el Gobierno afirma que no tiene los recursos necesarios y planea apelar la decisión.
Fallo Judicial que Reafirma Derechos
El juez Adrián González Charvay defendió la importancia de la ley, argumentando que su suspensión afecta derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como el acceso a la salud integral y la educación inclusiva. En su pronunciamiento, mencionó que la decisión del Ejecutivo de condicionar la ley a la aprobación de financiamiento por parte del Congreso violaba el marco constitucional.
Las Consecuencias de la Suspensión
La aplicación del decreto detuvo servicios esenciales, lo que generó una crisis significativa en el sector. Organizaciones de la discapacidad, así como familias y prestadores de servicios, denunciaron interrupciones en tratamientos y la clausura de instituciones. Esta situación condujo a la presentación de un amparo colectivo, resultando en la reciente sentencia que restablece la ley en todo el país.
El Contexto de la Ley 27.793
Aprobada por el Congreso, esta ley busca resguardar derechos y garantizar continuidad en la atención médica y terapéutica hasta diciembre de 2027. Su objetivo principal es proteger a las personas con discapacidad de la crisis económica que afecta tanto a servicios como a familias.
Desafíos para su Implementación
A pesar del laudo, las autoridades gubernamentales han manifestado que carecen de presupuesto para cumplir con la ley. Desde la Casa Rosada hicieron hincapié en que cualquier gasto relacionado debe ser tratado en el marco del presupuesto nacional, lo que complica la ejecución inmediata de la norma.
Tensión entre Poderes
Esta situación genera un nuevo punto de fricción entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, planteando interrogantes sobre la interacción entre decisiones judiciales y políticas económicas. Mientras que las familias y organizaciones celebran el fallo como un avance en la defensa de derechos, la incertidumbre sobre los recursos económicos crea un panorama tenso.
La vigencia formal de la ley se enfrenta así a significativos obstáculos en su aplicación, lo que plantea un desafío que necesita ser abordado por todas las partes involucradas en un contexto de ajustes fiscales y demandas sociales crecientes.
