Inquietudes en torno a las sanciones propuestas

La Cámara ha respaldado la necesidad de renovar los montos de las multas, aunque critica los valores sugiriendo que podrían ser desproporcionados, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El plan gubernamental plantea aumentar drásticamente las sanciones, llevando la multa por no presentar la Declaración Jurada de $200 a $220,000 para individuos y $440,000 para sociedades.

Argumentan que, aunque la actualización es necesaria, debe hacerse de manera proporcional a la situación económica actual, evitando un impacto abrupto tras años de inacción en este ámbito.

Una propuesta alternativa

La CAC propone implementar un sistema de multas escalonadas, adaptadas a la capacidad económica de cada contribuyente, garantizando que las sanciones sean efectivas sin causar un daño desproporcionado a las operaciones de las empresas.

Este enfoque busca equilibrar la efectividad de las sanciones con la sostenibilidad financiera de las empresas, especialmente crucial para las pymes en estos tiempos de incertidumbre económica.

Novedades en la normativa

Uno de los cambios más relevantes de la propuesta es el cambio de paradigma en la carga de la prueba. Ahora, el Estado deberá demostrar la evasión fiscal, mientras que los contribuyentes podrán disfrutar de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, permitiendo que aquellos con ingresos de hasta $1000 millones presenten declaraciones prearmadas.

Umbrales de evasión: un cambio radical

Las modificaciones también incluyen la elevación de los umbrales para la persecución penal de delitos tributarios, aumentando el mínimo de $1.5 millones a $100 millones. Esto podría dejar a muchos contribuyentes fuera del alcance de posibles sanciones penales, aunque seguirán sujetos a la supervisión administrativa.

Reducción de impuestos para fomentar la inversión

La propuesta también contempla la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, bajando del 30% al 27% y del 35% al 31.5% a partir de 2026. Esto está orientado a generar un ambiente más propicio para la inversión, beneficiando tanto a grandes empresas como a pymes.

Además, se eliminarán impuestos internos en una variedad de productos y servicios, y se suprimirán impuestos sobre rentas financieras, exceptuando criptomonedas, que seguirán gravadas.

Bajo la mirada del agro y el incentivo a la inversión

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) también es un pilar fundamental de estas reformas, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y estabilidad tributaria para nuevos proyectos, con umbrales de inversión desde US$ 150,000 a US$ 30 millones.

El sector agropecuario también verá reducciones en sus costos, como la exención del IVA en el consumo de energía eléctrica en sistemas de riego, junto con la posibilidad de actualizar pérdidas fiscales por inflación a partir de 2025.