La confesión de Chocolate: Pase dos años en un correccional y salí con más maldad

La confesión de Chocolate: Pase dos años en un correccional y salí con más maldad

Carlos Ariel Murúa o «Chocolate» tiene una historia marcada por la violencia. El joven de tan solo 20 años fue condenado a 17 de prisión por una sumatoria de causas entre las que se encuentran abuso de armas, amenazas y hasta homicidio. Según relató Murúa, cuando tenía ocho años comenzó a consumir drogas y a los trece ya tenía armas. La historia de su familia tampoco fue fácil. Su padre le pegaba a su madre y era alcohólico. Para sobrevivir recibían planes sociales. «Me drogo desde los 8 años. A los 13 ya tuve una pistola 9 milímetros. Después de los dos años y 8 meses que pasé en el Complejo Esperanza, lejos de salir mejor salí con más bronca, con más odio, más maldad y más malicia. Estoy mal, triste por el daño que hice. Salí más maldito del complejo», advirtió. Pero lo más turbio llegaría en el 2013, año en el que cometió su primer crimen. «Chocolate» mató a una nena de trece años. Como aún era menor, si bien fue declarado culpable decidieron derivarlo al Complejo Esperanza, pero al cumplir los 18 y debido a demoras judiciales los plazos vencieron y «Chocolate» volvió a delinquir. En junio de 2016 participó también del crimen de Ramiro Augusto Bazán e hirió gravemente a un amigo de la víctima. Un año después y con 10 delitos más en su haber terminó detenido. No tenía condenas anteriores legalmente computables aunque sí graves antecedentes desde que era menor de edad. Según el fiscal Marcelo Hidalgo, Murúa es un producto de la falla del sistema penal: «Bajar la edad de imputabilidad no es una cuestión que supere este problema. Murúa es el resultado de la falta de seguimiento y de control [de los detenidos], sean mayores o menores. Después del crimen de 2013, ¿qué hizo el Estado?: poco más de dos años en un instituto y ‘ya estás recuperado’. La presencia del Estado no pasa exclusivamente por lo punitivo o represivo», explicó en declaraciones a radio La Red. «Cada preso le cuesta al Estado cordobés 30.000 pesos por mes, pero es la ausencia en casos como este lo que cuesta más. Hay que invertir en horas de asistentes sociales, terapeutas y psicólogos que hagan seguimientos», finalizó Hidalgo. (Foto Cadena3)