La Corte entendió que la Cámara no debió haber concedido la cautela por el hecho de que exista una forma de interpretar la ley de impuesto a las ganancias que pudiera resultar contraria a los intereses de los magistrados y funcionarios representados por la entidad que los agrupa.
Además, según el Alto Tribunal la Cámara no argumentó de la necesidad de la cautelar para evitar un daño irreparable a jueces y funcionarios.
Esta será la primera resolución de interés popular para lo que resta del año, dado que el 4 de diciembre resolverá si es posible aplicar el 2×1 en las causas de delitos de lesa humanidad y el 18 de diciembre fallará sobre el reajuste por jubilados.