La fiscal del caso Santiago Maldonado confirma que las pruebas para acusar a Gendarmería son débiles

En un informe enviado a un área del Ministerio de Justicia y que será presentado en la ONU, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila revela que no existen elementos para considerar a Gendarmería Nacional como responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Por otro lado, asegura que en los primeros días de las pesquisas en Cushamen estuvieron muy cerca de un rastro que los podía llevar a resolver el caso, pero que los propios mapuches impidieron continuar los trabajos. También corrobora que las ropas no eran únicamente del tatuador y que los testimonios no ayudaron a entender qué sucedió con el joven. Avila da a entender que no hay motivos para aceptar que Maldonado haya desaparecido contra su voluntad a pesar de que fue ella misma quien insistió ante el juez federal Guido Otranto para que el 24 de agosto pasado firmara el cambio de caratula a «desaparición forzada de persona». El documento tiene fecha de presentación el 28 de agosto, 4 días después de exigir la modificación. El texto está remitido al Director General de Asuntos Jurídicos y Negociación Internacional, Ramiro Badía, y es la respuesta del gobierno de Mauricio Macri ante un pedido específico de la ONU acerca del caso Maldonado. Han sido innumerables las medidas de prueba propiciadas por el juzgado (…) Desde su inicio se han ordenado todas medidas atinentes a determinar su ubicación», arranca la fiscal descartando que no se haya hecho lo suficiente como reclamó la familia Maldonado. «Estimo que (…) las medidas ordenadas por el magistrado bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda de Santiago A. Maldonado», dice defendiendo el papel del juez. «No ha sido fácil recolectar los elementos convictivos que tuvieran una entidad suficiente para determinar tal extremo. Tanto los relatos de los presentantes de los diferentes habeas corpus que terminaron concentrándose procesalmente en una sola acción no arrojaban un hilo conductor (para) determinar lo que había acontecido y en qué circunstancias», reconoce. En un momento subraya que existe una brecha entre lo que los testigos dicen a los medios y lo que consigue la Justicia. «Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales», señala. Después desarrolla los acontecimientos durante el rastrillaje en Cushamen y el papel de las prendas. La investigación decidió desarrollar la búsqueda a través de olores aunque tenían dudas sobre la calidad probatoria de los objetos recibidos. «Es, en la primer audiencia de fecha 4 de agosto de este año (…) que el Sr. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, hace entrega de una prenda -cuello- que le entregaron los ocupantes del predio mencionado (…) Allí se anotició al juez que esa prenda había sido usada al menos por otra persona aparte de Santiago. En esas circunstancias una mujer de la comunidad mapuche acompañó a los presentes una gorra indicando que pertenecía a Santiago y se tuvo presente este nuevo elemento para continuar la tarea del rastrillaje donde ya existían dudas sobre la validez de ambos elementos», puntualiza. La fiscal revela que aunque estaban cerca de seguir una pista clave con los perros, los miembros de la comunidad impidieron que se concluyera el operativo. «Pese a ello (…) ante la posibilidad de tener allí en el lugar de los hechos dos prendas, aún contaminadas, pero que podrían tener un rastro del olor del desaparecido se decidió utilizarlas y se realizó el rastrillaje». Y agrega: «Esta medida, ya en horas de la tarde, tuvo que ser suspendida ante la férrea oposición de la comunidad mapuche que alegó que permitir el paso de los perros hacia la otra orilla del río Chubut violentaba un espacio sagrado. Ante el planteo concreto de la comunidad mapuche (…) se respetó esta pauta cultural y la pesquisa quedó trunca». «Por ello, el allanamiento orientado a averigu