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El asesinato de un policía por un demente en situación de calle, que también murió por un balazo del primero, es un trágico incidente que, a la vez, forma parte de un antiguo déficit estructural en materia de formación profesional y protocolos de actuación.
En noviembre de 2017 dos policías fueron asesinados y otro herido en un tiroteo con un ladrón que le arrebató el arma a uno de ellos, con niños en la línea de fuego.
Los muertos fueron un sargento y un cabo primero.
En diciembre de 2016, en un mismo día, un ladrón que ya había dejado su arma en el suelo fue asesinado por un suboficial de la Policía Federal, mientras que otro suboficial de la misma fuerza, custodio de la entonces vicepresidente, fue asesinado por ladrones cuando se resistió a que le robaran el auto.
La coincidencias no son temporales sino sistémicas.
El análisis inmediato y etiológico de cada caso nunca debe prescindir del estudio del contexto -grave -en el que la falta de protocolos de actuación y la cultura del mal uso o abuso de las armas constituyen los núcleos dominantes.
Tanto los abusos policiales como la muerte de policías en situaciones evitables forman parte de un problema crónico del sistema de seguridad, y que se rotula como violencia institucional; un capítulo sobre el que organismos internacionales, institutos y ong’s vienen trabajando desde hace al menos tres décadas.
Las conclusiones son dramáticas: indefensión, intervenciones ilógicas en relaciones de fuerza claramente desventajosas, agentes muertos estando armados y uniformados aunque francos de servicio, escasa o nula instrucción y práctica en el uso de armas, rutinas de patrullaje obsoletas y de altísima exposición, muerte de rehenes o transeúntes en tiroteos evitables, muerte de personas aprehendidas, etc.
La crónica de intervenciones desatinadas que costaron la vida de suboficiales y, en algunos casos, de altos oficiales, además de transeúntes o rehenes, a lo largo de más de treinta años, nunca ha servido para revisar y actualizar los protocolos, reformar las arcaicas y verticales organizaciones policiales, promover la agremiación de los policías, modernizar la formación, descentralizar los presupuestos operativos, gerenciar programas de mejora de la calidad.
Los Estados deben hacerse cargo de las estrategias integrales de seguridad, cancelando las autonomías de facto y el autogobierno de las corporaciones policiales.
Los grupos transdisciplinarios que trabajan en la Argentina sobre políticas de seguridad, y que mantienen interacción consultiva con expertos de las fuerzas policiales de Canadá. Holanda, Bélgica y Gran Bretaña, entre otros países, produjeron en 2010 el Acuerdo de Seguridad Democrática, una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
La mayor parte de las fuerzas políticas y los más destacados especialistas – de la ciencia jurídica, política, social, de la magistratura, la academia y los institutos de formación profesional – discutieron y produjeron las bases de este acuerdo, que las urgencias y la gestión reactiva y de corto plazo dejaron en suspenso, mientras se desplegaban políticas de “emergencia” y de “mano dura” que generaron nuevas inseguridades sin resolver ninguna de las pre existentes.
Hoy, cuando la emergencia ya no es un argumento sino una realidad impuesta por la crisis global de la pandemia, se hace perentorio retomar los caminos de reforma, actualización y especialización de las fuerzas de seguridad. En las policías más avanzadas del mundo – aún en situaciones de amenaza y desestabilización, sean provenientes del terrorismo, la criminalidad internacional compleja o la crisis sanitaria – matar es el último grado del uso de la fuerza, y morir a manos de un predador callejero o un insano es una probabilidad remota.
Edgardo Abramovich integra los equipos docente y de gestión del Departamento Académico Buenos Aires de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y es docente en la Diplomatura Superior “Derechos Humanos y Razón Crítica” de la Universidad Complutense de Madrid/Euro Mediterranean University Institute, en la asignatura formación en DDHH en los cuerpos y fuerzas de seguridad.
