Como es la trama del negocio de La Salada

La investigación a Jorge Castillo, que terminó con su detención en su chalet de Luján, arrancó en 2015 después de una serie de enfrentamientos violentos cuando las bandas se disputaban la reorganización de una zona de 10 mil puestos que había sido desalojada. De hecho, la versión que circuló en aquel momento fue que había llegado el «dato» de la orden de desalojo del juez de Garantías Gabriel Vitale y muchos puestos la noche del operativo no abrieron.

En el expediente de esa causa, inicialmente a cargo del fiscal Carlos Baccini, había más de 100 CD con escuchas que involucran no sólo al clan Jorge Castillo, administrador de más de 30 mil puestos del predio Punta Mogote. También a Enrique «Quique» Antequera, su principal competidor por el dominio del territorio, quien maneja unos 15 mil puestos de la feria Urkupiña, y más: jueces y fiscales de Lomas de Zamora, y policías federales y bonaerenses.

El juez Vitale denunció que esa información, y algunas fojas de la causa, habían desaparecido del expediente, un hecho que actualmente investiga la fiscal Viviana Giorgi (quien ya recuperó los discos pero espera la transcripción, a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia). Tras aquel episodio, Baccini fue corrido de la causa y reemplazado por Sebastián Scalera.

La investigación que heredó Scalera de Baccini expuso también la interna judicial. Vitale sospechaba de la inclinación que tenía el fiscal en el desarrollo de la causa y la desaparición de los CD parecía demostrarlo. Scalera creyó ver falta de imparcialidad en el juez cuando le negó a Baccini una serie de allanamientos y por eso pidió su remoción en la causa por «filtrar información a la prensa».

«Baccini estuvo mucho tiempo sin accionar la causa, la dejó dormir y de repente apareció pidiendo allanamientos que nada tenían que ver con la investigación original. Por eso Vitale los frenó. La interna es feroz, pero detrás hay otros peces gordos», explicó a este medio una fuente judicial de los Tribunales de Lomas. Finalmente, Vitale rechazó la recusación pero igualmente decidió apartarse.

En mayo pasado, Carrió presentó una denuncia a Daniel Salvador, vicegobernador bonarense, y a Julio Conte Grand, procurador general de la Provincia, sobre el tono turbio de todo lo que pasa en La Salada.

«Es la zona más conflictiva, pero al mismo tiempo puede decirse que la más codiciada. Codicia directamente vinculada a la ‘Caja negra’: permisos de funcionamiento a puestos ilegales, narcotráfico y la piratería del asfalto», remarcó la legisladora, quien, pese a pertenecer a Cambiemos, no omitió el posible vínculo del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (ex ministro de Mauricio Macri en la Ciudad), y parte de su Gabinete, con los manejos policiales en la zona.

La fundadora de la Coalición Cívica remarcó sospechas en la conformación de una unidad fiscal especial para investigar las ferias, la que quedó a cargo originalmente de Baccini. «Mediante esa curiosa centralidad, los funcionarios provinciales y municipales se aseguraron un solo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos ‘líderes territoriales’ de esa Feria: Enrique ‘Quique’ Antequera y Jorge Castillo (‘El Rey de La Salada’), y los no formales, a cargo de barras de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de drogas, armas y trata de personas, en todas sus variantes».

Carrió también sospecha, al igual que Vitale, de la desaparición de los cd’s con escuchas donde «habría menciones a altos funcionarios del Poder Judicial y fiscales».

Para Carrió, la unificación de los casos de La Salada en la órbita de Baccini dio «penosos resultados» e intervenciones judiciales «cuanto menos oscuras». Baccini fue apartado y asumió Scalera, quien llevó adelante los 55 allanamientos del miércoles y la detención de Jorge Castillo, su hermano Hugo, y otros familiares. Pero no hubo acciones -al menos por ahora- contra Antequera.

Es que Carrió acusa en su denuncia no sólo a Castillo. De Antequera escribió que arma asados en su casa de Banfield para sellar pactos de connivencia con políticos, jueces, fiscales y policías. Por eso considera que la resolución que lo había puesto a Baccini al frente las causas de la feria fue «la ofrenda política y el canal de negociación a los líderes territoriales de La Salada».

Por eso en estos días agitados en Lomas de Zamora muchos conocedores del paño local se preguntan por qué fue justo esta semana que cayó «El Rey de la Salada». Y por qué la desgracia fue solo su clan. Las elucubraciones son varias. «Si la investigación data de 2015 y la carátula era presunta asociación ilícita, a la Justicia o al poder político le funcionaba como un comodín. Una carta que podía usar cuando quisiera», explicó a Infobae una fuente conocedora del ámbito judicial del sur del conurbano, quien hasta dejó flotando cierto oportunismo para bloquear el rebote que había tenido la presentación de la ex presidente Cristina Kirchner en Arsenal de Sarandí.

Algunos dicen que la detención de Castillo le deja el camino limpio a Antequera para quedarse con la mayor porción de la torta de La Salada. Una foto de «Quique» en un timbreo con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, podría solidificar esa hipótesis. Aunque en las últimas elecciones el administrador de la feria Urkupiña había apoyado al ex diputado kirchnerista, ahora randazzista, Julián Domínguez, y se cree que para estas elecciones «Quique» iría en la lista de Mario Ishii.

«Toda la gente que laburaba para Castillo va a necesitar mantener el trabajo. El que se quede con ese territorio les va a garantizar a esos ‘rehenes’ su continuidad laboral. Esas personas también son votos», comentó una fuente.

(Fuente infobae)