Sin los votos para poder revertir una votación en la que perdería, Cristina Kirchner finalmente hizo el gesto que desde el PJ le venían reclamando desde hace dos semanas: envió una carta -que en simultáneo hizo pública a través de sus cuentas en redes sociales- a los jefes de bloques del Senado en la que dio luz verde a los allanamientos a sus tres domicilios. «A esta altura de las circunstancias, no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado» por el juez Claudio Bonadio, escribió la ex presidenta. No aclaró cuáles eran esas nuevas circunstancias.
En el escrito, la senadora de Unidad Ciudadana aclaró que las medidas deben «limitarse para cautelar pruebas relacionadas con la causa y no para obtener imágenes o grabaciones» sobre el interior de su departamento en Recoleta y las casas que tiene en Santa Cruz y El Calafate. Por este motivo, el primer requisito de la exjefa de Estado es que no ingresen con cámaras de televisión ni fotográficas y así evitar «la humillación y hostigamiento».
En segundo lugar, la senadora pidió que estén presentes sus abogados para garantizar su defensa y el control de la legalidad del procedimiento. En la misma línea, como punto número tres, también solicitó que un senador -designado por ella- los acompañe para constatar que todo se realice como la ley establece.
Con respecto al cuarto punto, Cristina ironizó que «si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar». Pero que deben resguardar los objetos de uso personal, como por ejemplo sus anillos o collares.
En último lugar, le dedicó una condición al juez de la causa: «Que Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y/o cielorrasos de durlock».
De manera paralela, mientas Cristina difundía el escrito que autorizaba los allanamientos, una multitud de manifestantes se acercó a las inmediaciones del Congreso en la protesta bautizada #21A. La marcha tenía como fin pedir el desafuero de la expresidenta en el Senado, que se trate la ley de Extinción de Dominio y que «devuelvan lo robado», tras el destape de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, que reveló una presunta asociación ilícita comandada por el matrimonio Kirchner durante su gestión.