Las más de 300 mil armas de fuego destruidas por Renar en la década sitúan al país como líder mundial en desarme civil

Acompañado por su par de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal; el subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín; el director del RENAR, Matías Molle, y el director de Fiscalización y Control de Gestión de ese organismo, Gustavo Révora, el ministro Alak destacó que “Argentina es líder mundial en políticas de desarme civil y, fundamentalmente, en destrucción de armas”. Recordó que “un arma en la casa es más un peligro que una protección”, y es por eso que “el Estado insta a los ciudadanos a deshacerse de ellas, que deben estar exclusivamente en manos de los profesionales capacitados de las fuerzas de seguridad”. Las armas que destruidas en este operativo fueron obtenidas a través de la ley 26.216 (del Programa Nacional de Entrega Voluntaria) y de la Ley 25.938, que establece la eliminación de las armas secuestradas por las fuerzas de seguridad en el marco de procesos judiciales. Por su parte, Molle afirmó: “Cada arma que destruimos es una posibilidad menos de lamentar un daño o un accidente. Nos propusimos llegar a las 300 mil armas destruidas y lo hicimos porque sabemos que menos armas es más vida.” El procedimiento de destrucción se realiza en dos etapas: en primer término, la trituración de las piezas, que luego son fundidas mediante la utilización de un horno de alta temperatura. El material resultante es donado a entidades de bien público. El método argentino, que consiste en la inutilización, la destrucción y la fundición de las armas, es pionero en la región y recibió elogios del Mercosur. El Plan de Desarme se puso en funcionamiento en 2007 por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, que recibió un fuerte apoyo de organizaciones de la sociedad civil que impulsan políticas de reducción del circulante de armas. En el caso de la entrega voluntaria, el RENAR toma el número de serie, el tipo y el calibre del arma para cotejar esos datos con el registro interno. Las armas relacionadas con procesos judiciales pendientes son separadas y quedan sujetas a los procesos administrativos correspondientes. El Programa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico, que va de los 500 a los 2.000 pesos, según el tipo y calibre del arma entregada. Luego, son inmediatamente inutilizadas con una prensa hidráulica hasta su destrucción. En 2013, el plan argentino recibió en Nueva York el premio «Política del Futuro 2013», que es otorgado por la Oficina de Asuntos de Desarme (ONU), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria.