Por: Ignacio Olivera Doll
La cifra surge de sumar los mayores pagos que deberán empezar a efectuar las entidades a partir de mañana a todos los clientes que coloquen o renueven plazos fijos, por la tasa de interés mínima que estableció para estos ahorros menores a los $ 350.000; y los aportes adicionales que tienen que hacer a partir de noviembre en Sedesa, el fondo de garantía que respalda, con algunas excepciones, el total de los depósitos del sistema financiero.
Por la primera normativa, calculan que la pérdi-da superará los $ 3.000 millones para todo el sistema, porque la tasa de interés que hoy pagan por depósitos menores a $ 350.000 deberá ubicarse en un mínimo del 22,89% anual, cuando en las mesas de las grandes entidades es cercana al 18% anual. Los plazos fijos minoristas (inferiores al millón de pesos) son actualmente $ 128.000 millones según los datos del Banco Central. De estos, la mitad ($ 64.000 millones) está representada por ahorros menores a los $ 350.000 que se verán alcanzados por la nueva norma de Vanoli. Con esto, los banqueros calculan que el pago por intereses, sólo para esta franja de depósitos, pasará de los $ 11.500 millones a los $ 14.700 millones.
Por la segunda normativa, los ejecutivos calculan que deberán «congelar» cerca de $ 4.200 millones. Esto porque la nueva regulación cuadruplicó el aporte que los bancos deben hacer al Sedesa, el fondo de garantía que cubre los depósitos del sistema financiero. De acuerdo con la nueva comunicación oficial, el coeficiente que deben aplicar para respaldar cada peso de sus ahorristas pasará a partir de mañana del 0,015 al 0,060 mensual (es decir, del 0,018 al 0,072 al año); y el monto garantizado se elevará también de $ 120.000 a $ 350.000. Considerando estos dos cambios, el respaldo total por estos despósitos pasará de los $ 1.400 millones a los $ 5.600 millones.
Los pesos que pasarán a formar parte del fondo de garantía no son contabilizados por los bancos como una pérdida en sus balances, porque aún les pertenecen (y podrían, incluso, volver a tenerlos disponibles ante la salida del depósito). Pero sí es dinero que los hace afrontar un costo de oportunidad porque quedará inmovilizado (o «encajado») en el Sedesa y no podrá ser destinado a colocaciones de crédito o inversiones con rendimiento, en una economía local con inflación del 40% anual y devaluaciones esporádicas.
El monto será, eso sí, una fuente de financiamiento adicional con la que podrá contar el Gobierno, porque según su regulación hasta la mitad del fondo puede ser invertida en títulos públicos nacionales.