Los gobernadores piden al gobierno nacional más libertad para endeudarse

La disputa entre la Casa Rosada y los gobernadores por el presupuesto 2017 reactiva una antigua querella de las provincias: limitar la discrecionalidad de la Casa Rosada en el reparto de fondos. La configuración del Congreso, sin mayorías ni quórum, ofrece, según los opositores una carta de oro: forzado a negociar, el Gobierno deberá atender las demandas provinciales. Los gobernadores pretenden eliminar, o al menos flexibilidad, el régimen que convierte a Alfonso Pray Gay en el árbitro que autoriza o “pisa” los planes provinciales de endeudamiento. No es un antojo PRO ni un vicio reciente. Post crisis de 2001, por pedido del FMI se montó un dispositivo (ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal) que otorga al Palacio de Hacienda el “superpoder” para permitir, demorar o denegar la colocación de deudas. El don lo usaron como premio y castigo los ministros de la última década y media. Antes de fin de año, Entre Ríos buscará captar U$S 250 millones y Tierra del Fuego irá por U$S 150 millones. Gustavo Bordet y Rosana Bertone, los dos del PJ, junto al socialista Miguel Lifschitz, integran el último pelotón de los que se endeudarán afuera. La provincia de Buenos Aires con U$S 2.250 millones, CABA con U$S 890 millones, Córdoba (U$S 725 millones), Chubut (U$S 700 millones) y Mendoza (U$S 500 millones) están en el top five. Según Cippec, hasta agosto las colocaciones provinciales ascendieron a U$S 5.600 millones. Se suman a los más de 92.000 millones que le deben a Nación.