Los secesionistas avanzan hacia la ruptura pese a las amenazas de Madrid

En un primera y polémica decisión, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, desoyó a los grupos opositores que consideraban ilegal reunir a la Junta de Portavoces de la cámara porque el Partido Popular (PP) aún no estaba constituido como grupo, en un intento por retrasar el debate de la declaración. La reunión de ese órgano, celebrada por la mañana, era el paso previo para que la Mesa del Parlamento pudiera considerar los recursos presentados por los partidos antisecesionistas para que se impidiera la votación de la declaración independentista. Luego, el grupo de Forcadell, Junts pel Sí (Juntos por el Sí), hizo valer su mayoría en la Mesa y aprobó el trámite de la resolución, que de esta forma podrá votarse el 9 de noviembre, el día en que se celebrará la primera sesión de investidura, en la que el único candidato es el presidente en funciones, Artur Mas. Con esta aprobación, Junts pel Sí pretende presionar a sus socios anticapitalistas de la CUP para que apoyen la investidura de Mas, a quien se niegan a respaldar por estar vinculado a los ajustes de los últimos años y a los casos de corrupción de su partido Convergencia Democratica de Catalunya (CDC). “Este Parlamento no comente ninguna ilegalidad… si hemos convocado la Junta es para cumplir el reglamento”, argumentó hoy Forcadell. Todos los grupos opositores -Ciudadanos, el Partido Socialista (PSC), el PP y la plataforma de izquierdas Sí que es Pot (Sí que es posible, en el que está integrada el partido anti ajuste Podemos)- insistieron en que la reunión violaba el reglamento. Mientras se producía la maniobra, el máximo líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciaba desde Madrid que sus diputados, los socialistas y los del PP presentarán juntos mañana recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las decisiones de Forcadell y contra la declaración de ruptura. «Estamos liderando los cambios, poniendo de acuerdo a la gente y consiguiendo cosas que antes eran impensables», aseguró Rivera, atribuyéndose la acción conjunta del frente anti-independentista. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió la presentación de los recursos opositores ante la «vulneración flagrante» de los derechos de los parlamentarios y ciudadanos que a su juicio están llevando adelante los secesionistas catalanes. «Están cruzando todo tipo de líneas rojas de lo que es una democracia», aseguró la «numero dos» del Ejecutivo del PP en declaraciones a la prensa antes de presidir un acto en el Instituto Cervantes. Con Andrés Herzog, portavoz de UPyD. Cuento con todos para defender la unidad frente al chantaje separatista pic.twitter.com/lanYvljSZ9 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) noviembre 3, 2015 Más significativas, no obstante, resultaron las palabras del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien amenazó al gobierno catalán de Mas con cortar la financiación que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), si Cataluña persiste en su «deslealtad institucional» e «incumplimiento de la ley». «No podemos seguir trabajando con quienes no solo quieren una posición independentista sino que además niegan la ley», sostuvo durante un acto en la sede del Consejo General de Economistas. Montoro subrayó que el fondo de liquidez, que financia el pago de facturas de sanidad, educación y servicios sociales a un tipo de interés cero, «está condicionado a los objetivos de déficit y la lealtad institucional». En tanto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, insistió a través de Twitter con que cuenta con el apoyo de «todos para defender la unidad ante el chantaje separatista». El mensaje de Rajoy se produjo tras la última de las reuniones de la ronda de contactos que mantuvo con los partidos que se oponen a la secesión en busca de una frente común para dar una respuesta y frenar a los independentistas catalanes.