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El gobierno de Venezuela ratificó hoy su denuncia de que desbarató un intento de golpe de Estado organizado por un grupo de militares y civiles con apoyo de Estados Unidos y que incluía el ataque a varias sedes oficiales, revelación que la oposición consideró una maniobra para desviar la atención, apenas un día después de enfrentamientos callejeros que dejaron varios policías heridos y decenas de detenidos.
Fue el propio presidente Nicolás Maduro el que reveló que los organismos de inteligencia detectaron planes de golpe de Estado, en el que están involucrados oficiales de la Aviación Militar -ya hay 10 detenidos- y civiles, con respaldo del Gobierno de Estados Unidos.
«Hemos desarticulado, desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la Aviación Militar para intentar un golpe», anunció Maduro, al reportar además que en la madrugada y la mañana del jueves fueron detenidos algunos de los implicados.
Durante un discurso brindado anoche en Caracas, el Presidente denunció que el plan fue impulsado «por la derecha venezolana y por el imperio norteamericano», y que estaba previsto para ayer, tras la publicación de «un manifiesto llamando a un gobierno transitorio».
«Posteriormente, se iba a atacar con un avión Tucano, traído de afuera del país y al que iban a identificar con siglas venezolanas, los actos de conmemoración de la Batalla de la Victoria y, al mismo tiempo, reactivarían las guarimbas (acciones violentas de calle) en Caracas y otras ciudades del país», agregó Maduro.
Según el mandatario, la información se obtuvo de documentos que estaban en poder de oficiales que ahora están presos junto a otros civiles implicados.
Advirtió Maduro que detrás de la maniobra se encuentra «la derecha internacional involucrada en el plan develado y neutralizado, que forma parte de una cadena de eventos planificados que produzcan inestabilidad social y están fundamentados en los lineamientos de la Escuela de Las Américas, en el Pentágono».
Más tarde fue el titular del Parlamento, Diosdado Cabello, el que dio detalles del intento de golpe denunciado, cuando reveló que los sectores alzados tenían previsto atacar el Palacio de Miraflores, el Ministerio Público, la Cancillería, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Alcaldía de Libertador, la sede de Telesur, y los ministerios de Defensa, Educación y Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
En una conferencia que dio junto al alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y que fue consignada por la estatal AVN y Globovisión, Cabello subrayó que en las computadoras de los militares detenidos fueron halladas fotografías aéreas de los llamados «objetivos tácticos» que pretendían atacar.
Aseguró además que uno de los detenidos es José Gustavo Arocha Pérez, jefe de una empresa «vinculado a la guarimba», a quien relacionó con el general retirado Ascanio Tovar. Ambos, agregó, viajaron a Miami acompañados del dirigente de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Ramón Guillermo Aveledo.
En las pruebas difundidas por Cabello figura el nombre de J.J Rendón, ex asesor político del gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles, como uno de los participantes del intento de golpe.
También refirió que al momento de ser detenido, Arocha Pérez señaló a los opositores Antonio Ledezma y Julio Borges como los autores de un plan «para eliminar» (asesinar) al dirigente de Voluntad Popular (detenido desde hace un año y acusado de impulsar disturbios) Leopoldo López.
Cabello dio además los nombres de 15 militares involucrados, algunos de ellos ya detenidos y uno fugado a Panamá.
La denuncia y la participación de militares en la conjura obligó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a manifestar el apoyo «incondicional» de la Fuerza Armada al Gobierno, al que le renovó su «lealtad absoluta».
En un pronunciamiento televisado, escoltado por otros militares jerárquicos, Padrino expresó el «sentimiento de rechazo contundente que siente la FANB por la conducta de un reducido número de profesionales» que «no representan el pensar, sentir y actuar» de la institución castrense.
La oposición salió en pleno a deslegitimar la denuncia: el diputado Julio Borges advirtió que el gobierno «cree que con esta farsa nuestro pueblo se olvidará de la devaluación, de la escasez y la inseguridad»; el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, afirmó que el «único golpe que hay lo da el gobierno con una macrodevaluación» (por el nuevo sistema de control de cambio) y el ex candidato Capriles consideró a la denuncia como «otra novela para tratar de tapar el megafracaso» de la gestión.
La denuncia de los planes de golpe coincidieron con sendas marchas del oficialismo y la oposición. En una de esas concentraciones, en el estado de Táchira, convocada por sectores antichavistas, se registraron enfrentamientos que dejaron 14 policías heridos y 11 civiles detenidos.
También se informó de otros 15 detenidos pero en el Chacao, al este de Caracas, donde se movilizaron estudiantes que recordaron las protestas antigubernamentales del año pasado, que dejaron 43 muertos, 873 heridos y 189 investigaciones por denuncias de violación de derechos humanos
