Méndez relativizó sus dichos por las coimas para acceder a obras públicas

En tanto la Justicia avanzaba en la investigación de más de 40 llamados hechos desde un teléfono celular a nombre de José López durante las 24 horas previas a ser apresado cuando arrojaba bolsos con un total de casi 9 millones de dólares al predio de un monasterio en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Por lo pronto, un informe preliminar dio cuenta de los llamados entrantes y salientes de una línea telefónica a nombre de López, pero -según declaró hoy una testigo ante el fiscal federal Federico Delgado- se trataría de un número que usaría de manera habitual su esposa, Amalia Díaz, también imputada e investigada por supuesto enriquecimiento ilícito. Si bien en un principio los investigadores creyeron que se trataba de llamadas hechas por el propio López, luego, a partir de la declaración de la testigo, surgió la duda de si, efectivamente, se trataría de la línea utilizada por el ex secretario de Obras Públicas. Es que, según las afirmaciones de la testigo, ese teléfono solía ser usado por la esposa del ex funcionario, por lo cual los investigadores solicitaron informes a compañías telefónicas para determinar la titularidad de las líneas a las que se llamó y de las que se recibieron llamadas las 24 horas previas a la detención de López, ocurrida en la madrugada del 14 de junio pasado. No obstante, uno de los datos certeros arrojados por el informe preliminar de las pericias sobre el teléfono es que ese celular recibió un llamado a las 3.15 de la madrugada del martes 14. Además, desde esa línea también se llamó al convento de General Rodríguez y a otro teléfono que estaría registrado a nombre de una de las religiosas que viven allí, la hermana Alba. En tanto, al declarar hoy como testigo en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al detenido ex secretario de Obras Públicas, el ex titular de la UIA relativizó sus dichos acerca de la existencia de un entramado de corrupción en torno a la obra pública durante la gestión kirchnerista al señalar que “ninguna de las empresas industriales” que forman parte de esa entidad “participó como contratista del Estado” y que él mismo tampoco había participado de “ningún negocio con el Estado”. “Hice un comentario general. Realicé declaraciones en un tema que era de dominio público”, aseveró Méndez ante el fiscal Federico Delgado sobre las afirmaciones que había realizado en distintos medios periodísticos luego de la detención del ex secretario de Obras Públicas. En ese marco, remarcó no haber participado personalmente de “ningún negocio con el Estado”, como así tampoco “ninguna de las empresas industriales que forman parte de la UIA”. Sin embargo, afirmó, aunque sin aportar pruebas al respecto, que existía un “tácito pacto de silencio” por el cual «nadie investigaba ni preguntaba cuál era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos», con lo cual «cada compañía maneja su silencio con el Estado». Por otro lado, sostuvo que, cuando en declaraciones periodísticas había señalado que él también había sido “cómplice de muchas cosas”, se había referido, en verdad, al «destrato» y al «avasallamiento» del sector industrial por parte de “los funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”. “Tenían actitudes que avasallaban al sector industrial y yo las tuve que soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vieran perjudicados”, aseveró Méndez al declarar como testigo en la causa que tramita en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. Allí, remarcó que “ninguna de las empresas industriales» que forman parte de esa entidad «participó como contratista del Estado» durante la gestión del Frente para la Victoria. Ya fuera del despacho y en declaraciones a la prensa, Méndez consideró que, si hubo delitos, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, «no podía hacerse el desentendido». Méndez dijo que sus declaraciones periodísticas vinculadas a que a la ob